El Consell ha conseguido finalmente que el Gobierno central tramite un anticipo de 410 millones sobre la liquidación de 2015, tras la reclamación llevada a cabo por la Generalitat en estos últimos días. Los recursos alivian las tensiones de liquidez de la Administración valenciana pero siguen resultando insuficientes para hacer frente a los pagos pendientes por parte de la Generalitat.
Este anticipo se produce a cargo de la liquidación de 2015, que asciende a un total de 1.538 millones y que el Gobierno central retiene durante dos ejercicios hasta la liquidación del modelo de financiación. "El anticipo que vamos a recibir resulta imprescindible, pero no bastará para atender las obligaciones del Consell con proveedores valencianos, pymes y beneficiarios de subvenciones", ha señalado la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, quien es la que ha llevado las negociaciones para la consecución de esta transferencia económica.
Este adelanto de 410 millones, que se ha comunicado este martes por la mañana, representa el 26% de la liquidación de 2015 que se cobrará en julio, mientras el año pasado los fondos que se adelantaron supusieron el 44% de la financiación que quedaba pendiente de 2014 y el anterior, el 74%.
Los fondos irán destinados a pagos en general de servicios públicos fundamentales y a proveedores y, en concreto, a enseñanza pública y concertada, transporte escolar, farmacia, dependencia, conciertos sanitarios, consorcios provinciales hospitalarios o gestión integral de centros de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, entre otros.
El Gobierno central abona la liquidación de dos ejercicios anteriores en el mes de julio, aunque todos los años se suelen anticipar algunas cantidades. Desde la Generalitat se ha planteado al Gobierno central la necesidad de que exista una calendarización tanto de la liquidación como del FLA extraordinario, para acabar con la arbitrariedad y unilateralidad por parte del Ministerio de Hacienda en la concesión de estos adelantos.
En este sentido, la Generalitat ha reclamado que la liquidación, o al menos el 80% de la misma, se transfiera mediante pagos mensuales entre enero y junio. "De este modo, tendríamos más autonomía financiera para hacer una planificación más ordenada y coherente de la Tesorería, lo que redundaría en beneficio de los miles de proveedores de la Generalitat, que, en definitiva, son nuestras empresarias y empresarios pymes, familias valencianas cuyo ingresos no tienen que estar al albur de lo que decida la Administración central".
