La Portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz GascóLa Portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha anunciado que el Grupo Popular denunciará ante los tribunales el nuevo decreto lingüístico que pretende imponer Marzà si no se retira o si, en caso contrario, no se tienen en cuenta las alegaciones presentadas".
La Portavoz Popular ha resumido en rueda de prensa las consecuencias de este decreto. "Supone, en primer lugar, una clara injerencia en el libre ejercicio del derecho de las familias a elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos; en segundo lugar discrimina gravemente a las zonas castellano-parlantes y a los valencianos que escojan el castellano como lengua vehicular, y –en tercer lugar- significa un verdadero chantaje a las familias a las que se sólo se ofrece inglés a cambio de estudiar el máximo valenciano posible".
Gascó ha indicado que "estamos ante un decreto que afecta a las familias y a la comunidad educativa pero solo da un plazo de siete días para presentar y no de manera telemática. Marzà tiene pocas ganas de consenso y nula voluntad de atender las alegaciones".
"El decreto se salta la Constitución y el Estatuto de Autonomía al no garantizar el uso de las dos lenguas oficiales. No puede ser que para defender el valenciano se discrimine a las personas. El valenciano no puede ser la única lengua de la comunidad educativa. El texto tiene numerosas restricciones y lagunas, cayendo en ilegalidades y generando indefensión en las familias", ha indicado.
Para la responsable popular, "Marzà impone el valenciano por encima de la libertad de la persona, siguiendo los mismos pasos que en Cataluña. No estamos de acuerdo en copiar un modelo lingüístico que genera enfrentamientos".
Beatriz Gascó ha explicado que "el proyecto de Marzà va más allá de la regulación estrictamente educativa. No se puede imponer una forma de pensamiento sobre el modo de usar las lenguas. No se trata de una discriminación positiva del valenciano sino negativa por sus efectos secundarios. Se dice en el decreto que "la educación lingüística no se puede limitar a dotar al alumnado de instrumentos de acceso al conocimiento. Tiene que constituir un modelo de educación vinculado al entorno sociocultural y sociolingüístico". Se intenta regular más allá de las aulas, desde una normativa que debería abordar solamente cuestiones propias del sistema educativo. Marzà quiere convertir la lengua en un instrumento donde se afiance una determinada forma de pensamiento y una determinada forma de entender y vivir la lengua".
Beatriz Gascó ha señalado que "este decreto supone una discriminación negativa hacia los alumnos que actualmente cursan la línea en castellano. Los centros que prioricen el castellano no podrán dar el máximo de 3 asignaturas en lengua extranjera y consideramos que las lenguas cooficiales se pueden potenciar sin necesidad de penalizar una tercera".
La portavoz popular ha manifestado que con este decreto "se introducen seis niveles de competencia en lenguas que van del Básico a quien escoja castellano y Avanzado para el valenciano. Solo la nomenclatura refleja el objetivo. Los centros educativos situados en zonas donde mayoritariamente se hable en castellano están discriminados frente a las zonas donde predomine el valenciano. La semántica es fundamental y es lamentable que desde la administración se considere que son básicos los alumnos que estudien en castellano y avanzados los que estudien valenciano".
Gascó ha indicado que "este decreto supone un auténtico chantaje a las familias. Es absolutamente discriminatorio que aquellos padres y madres que, con total libertad quieran que sus hijos aprendan más inglés, necesariamente tengan que tener más valenciano. Quien termine el Bachillerato con un nivel Avanzado, es decir, inglés y valenciano, obtendrán la acreditación del B1 de inglés y el C1 de valenciano sin tener que someterse a un examen interno. Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con aquellos alumnos, que hayan escogido el nivel básico. El escenario propuesto constituye una macabra y consciente utilización de una lengua, como el inglés, para lograr objetivos ideológicos y de predominio lingüístico del valenciano allá donde no lo sea".
La Portavoz Popular ha manifestado que el decreto "no deja libertad a los centros, sino que establece un sistema de elección condicionado y chantajista". También considera necesario incluir el área de inglés en Infantil tres años, no se regula la exención del valenciano, se elimina la consulta a las familias en la decisión del proyecto lingüístico para cada centro, habrá problemas de planificación y falta de oferta, y se podrá aprobar el nivel por decisión de la Conselleria, imponiendo las minorías a las mayorías".
"Queda en el aire los materiales curriculares pues se dice, sin más que tienen que reflejar los referentes culturales y se eliminan la red de centros plurilingües y superplurilingües que estaban funcionando con notable éxito. Además, la aplicación del decreto supondrá más gasto para las familias al tener que renovar los libros de texto", ha concluido.
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