El GPP logra que el Congreso inste al Gobierno a extender las ayudas por la DANA y a crear un fondo de ayudas para indemnizar al personal local afectado por la temporalidad

El GPP logra que el Congreso inste al Gobierno a extender las ayudas por la DANA y a crear un fondo de ayudas para indemnizar al personal local afectado por la temporalidad. El diputado popular, el valenciano Carlos Gil, denuncia "la actitud incomprensible, reiterada, persistente e injustificada" del Gobierno al negar el acceso a las ayudas por la DANA a muchos municipios de la Comunidad Valenciana, que "agrupan a más de 150.000 personas a las que el Ejecutivo da la espalda". Por ello, insta al Ejecutivo a extender estas ayudas a más municipios para que puedan volver a la normalidad, ya que para la mayoría resulta prácticamente imposible sufragar los gastos de la reconstrucción. Le reprocha igualmente que tampoco "ejecutara las obras que hubieran evitado las riadas o limpiado los cauces".

Por su parte, el diputado del GPP Ángel Ibáñez subraya que los funcionarios del mundo rural son claves para el funcionamiento de los pequeños y medianos municipios, y que no abordar su temporalidad supone obligar a muchos de los actuales interinos "a abandonar sus puestos, dejando de nuevo a los ayuntamientos sin el personal necesario". Critica que la falta de información por parte del ministro López sobre estos procesos de estabilización está provocando "una profunda preocupación en muchas corporaciones locales, que se sienten desamparadas". Exige al Ejecutivo que habilite mecanismos de apoyo financiero que les permitan afrontar este proceso, informe con claridad a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos sobre los plazos y detalle la compensación por este abuso de la temporalidad.

Por su parte, el diputado del GPP Antonio Román denuncia que 8.000 ayuntamientos españoles llevan meses reclamando la actualización de las entregas a cuenta para el año 2025 y que se abonen las liquidaciones definitivas correspondientes a 2023, pues "son imprescindibles para prestar servicios esenciales a los ciudadanos". Agrega que "para colmo, y en un nuevo giro de incoherencia, el Ejecutivo ha decidido impedir que los consistorios puedan utilizar sus remanentes de tesorería para realizar inversiones financieramente sostenibles en 2024". "Estos fondos no pertenecen al Gobierno central sino a los vecinos de cada municipio", remarca.