El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, José Ramón CalpeEl grupo parlamentario popular ha presentado una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia en Les Corts
para evitar que la Conselleria de Agricultura provoque el despido de cien trabajadores de la empresa pública Tragsatec al cambiar la empresa adjudicataria del sistema de ayudas a la agricultura y al desarrollo rural.
En la proposición se solicita suspender y dejar sin efecto el expediente de contratación de la Conselleria de Agricultura para "el servicio de soporte, desarrollo, evolución, adaptación y mantenimiento de las aplicaciones en el marco de sistemas de información del programa para el desarrollo rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana".
"Este concurso supondrá que la empresa pública Tragsa dejará de ejercer este servicio por lo que dejará en la calle a un centenar de trabajadores en la Comunitat Valenciana". Así lo ha señalado el portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, José Ramón Calpe, quien ha indicado que "este cambio también supondrá que se encarezca la gestión porque a la nueva adjudicataria habrá que pagarle el IVA que hasta ahora no se pagaba por ser empresa pública y medio propio de la Generalitat Valenciana".
José Ramón Calpe ha mostrado su temor de que con este cambio "se provoque otro caos en la gestión y aumenten las demoras y retrasos en los pagos de las ayudas. Al final, quien va a sufrir estas modificaciones y cambios de criterio inexplicables son los agricultores y ganaderos. En 2015 Agricultura provocó el caos con el retraso en los pagos de las ayudas de las PAC y ahora nos tememos que un cambio de gestores sin experiencia dejará en el aire el pago de las ayudas del año que viene que comienza a pedirse en el mes de febrero, es decir, cuando aún no se habrá ejecutado el contrato de la nueva adjudicataria".
Calpe ha manifestado que "esta iniciativa de la consellera Cebrián es absurda. No se entiende que un Consell que, en teoría, aboga por defender lo público, sea capaz de privatizar y echar a la calle a trabajadores de una empresa pública de la que la propia Generalitat también es socia para dárselo a no se sabe qué empresa privada".
El portavoz popular ha explicado que "Tragsatec lleva más de diez años de experiencia en la Comunitat Valenciana, siendo accionistas el ministerio (SEPI) y cada comunidad autónoma, lo que le permite responder como medio propio, con rapidez y eficacia, ante cualquier requerimiento de la administración. No se entiende este cambio más que por una voluntad de la consellera Cebrián de provocar un nuevo enfrentamiento con el gobierno central".
En la proposición se solicita que Les Corts insten al Consell para que "abra una mesa de negociación con la representación legal de los trabajadores que permitan plantear y negociar un plan de garantías para los trabajadores y trabajadoras de Tragsatec".
