En el conjunto de la Comunitat Valenciana, se han presentado un total de 3.069 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectan a 32. 751 trabajadores/as. Solo en la provincia de Valencia se han solicitado 1.586 expedientes en los que se incluye a 11. 751 trabajadores.
Las oficinas del Servicio Valenciano de Empleo y Formación registraron un total de 401 827 personas paradas al concluir el mes de marzo de 2020 en la Comunitat Valenciana, lo que supone un incremento de 36. 033 en comparación con el mes anterior, según constatan las cifras facilitadas esta mañana por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se eleva en un 9,71 % el registro de personas desocupadas inscritas en las oficinas de Empleo de la autonomía en comparación con febrero.
El paro creció en toda la autonomía a lo largo de marzo, sobre todo en València (17. 876 personas más que en febrero, un 10,13 %), seguida por Alicante (14. 513 más, un 9,65 %) y Castelló (3.176 personas, un 8,05 %). El incremento del paro en la Comunitat Valenciana es el segundo más elevado a nivel autonómico, solo superado por Andalucía.
Asimismo, en el ámbito estatal, la pérdida de población afiliada por tipo de contrato desde el 12 de marzo se concentra entre la población asalariada con contrato temporal (-550 651 personas, -17,3 %) frente a la población asalariada con contrato indefinido (-162 582, -1,9 %).
Ha sido la extinción y no renovación de esta pléyade de contratos temporales la que, en gran medida, ha provocado la destrucción de empleo. Tanto es así que el porcentaje de caída de la afiliación en los contratos indefinidos, según datos de la Seguridad Social, es del 1,92 %, mientras que el porcentaje en relación con la contratación temporal alcanza el 17,30 %.
En el Manifiesto que con motivo de este 1ª de Mayo excepcional hace público Iglesia por el Trabajo Decente (ITD), las entidades de inspiración cristiana que impulsan esta iniciativa en la diócesis de València (Cáritas Diocesana de Valencia, Conferencia Española de Religiosos CONFER, Hermandad Obrera de Acción Católica HOAC y Servicio Jesuita a Migrantes) reclaman con urgencia la aprobación de un ingreso mínimo garantizado, el reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo para las personas empleadas de hogar, la regularización extraordinaria e inmediata de los y las trabajadoras "sin papeles" y un pacto de Estado que apueste por la centralidad de la persona y el trabajo decente.
En este Primero de Mayo extraordinariamente marcado por la crisis de la pandemia, el Manifiesto reafirma que el trabajo es para la vida, que debe garantizarse unas condiciones laborales que protejan la integridad física y psíquica de la persona, y que favorezca su protección social, esenciales para una vida digna.
Como subrayan las entidades promotoras de ITD, no nos cabe duda de que la crisis laboral y económica provocada por la pandemia del COVID-19 hubiera tenido un menor impacto sin la indecente precariedad laboral, y sin que la sanidad y el conjunto de políticas sociales hubieran sido recortadas como consecuencia de la anterior crisis financiera.
El Manifiesto pone el foco en los empleos más precarizados, como son los de personas trabajadoras del hogar y de cuidados, de la agricultura, de establecimientos de alimentación o repartidoras, que hasta el momento han estado invisibilizados y no han tenido un justo reconocimiento laboral y social. Se trata de unos sectores laborales que en este momento de crisis sanitaria, se han «descubierto» como esenciales para la sostenibilidad de la vida, para garantizar el bienestar de todas las personas.
La ITD denuncia que el empleo que en primer lugar se ha destruido –denuncia ITD- es el más débil, el que carece de redes de protección social. Por ello, lanza una llamada para que se articulen e impulsen todas las medidas necesarias evitando que esto vuelva a pasar, y para construir una red de protección social para quienes han perdido empleo, salario y derechos, para que nadie se quede atrás.
De manera concreta, las entidades impulsoras de ITD en España, demandan:
El reconocimiento de un ingreso mínimo garantizado en un programa articulado que integre las políticas sociales en España; el derecho a la prestación por desempleo para las personas empleadas de hogar, así como el reconocimiento social del trabajo de hogar y de cuidados; la regularización extraordinaria y urgente de los trabajadores y las trabajadoras "sin papeles" y descartadas de los derechos de ciudadanía; un pacto de Estado que, entre otras cuestiones, apueste por la centralidad de la persona y el trabajo decente, piedra angular sobre lo que se sostiene todo lo demás; y el fortalecimiento del pilar de los derechos sociales en Europa.
El Manifiesto finaliza con una invitación a las comunidades cristianas a unirnos, desde la distancia física obligatoria, desde nuestras casas, en la celebración y la oración, y a participar con creatividad en aquellas acciones que puedan hacer visible la necesidad de un trabajo decente acorde con la dignidad humana.
