El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido a casi 160.000 hogares españoles el Ingreso Mínimo Vital. De esta manera, la prestación llega ya en diciembre a más de 460.000 personas, de las que el 47% son menores, según anunció este miércoles el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Congreso de los Diputados.
Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado en diciembre a 59.303 personas, de los que 27.944 son menores de edad, según los datos facilitados por el Ministerio. Por provincias, las personas beneficiadas por esta medida social son 23.098 en Alicante -11.411 son menores-; 6.144 en Castellón -2.984 son menores; y 30.061 en València -13.549 corresponde a menores de edad-.
Hasta la fecha, en la provincia de Alicante se han aprobado 7.437 expedientes; en Castellón 2.053 y en Valencia 11.222. En total, según los datos distribuidos por el Ministerio, el INSS ha reconocido ya a 20.712 hogares del territorio valenciano el Ingreso Mínimo Vital -7.437 en Alicante, 2.053 en Castellón y 34.730 en Valencia-.
Los hogares beneficiarios recibirán en unos días el importe del pago correspondiente a la nómina de diciembre, la séptima que abona la Seguridad Social. El importe bruto total de este mes ascenderá a 110 millones de euros en el conjunto nacional, una cifra que contempla también el efecto de la retroactividad desde junio en los casos correspondientes. En total, desde que se puso en marcha esta prestación, el INSS ha abonado (incluyendo esta nómina) más de 518 millones de euros en todo el Estado.
Escrivá ha subrayado que en los seis primeros meses de existencia de la prestación, dedicada a hogares en situación de vulnerabilidad, se han recibido 1,1 millones de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Del total que han llegado por diferentes canales, 56.000 expedientes estaban duplicados, lo que supone que eran válidos algo más de un millón.
En los seis meses de vigencia de la prestación, la Seguridad Social ha tramitado casi el 80% de los expedientes recibidos, es decir, se han gestionado 800.000 solicitudes, cifra que duplica la de las pensiones contributivas que se gestionan en todo un año. El INSS ha resuelto el 80% de las solicitudes tramitadas, mientras que a 181.000 se les ha pedido que subsanen errores, como por ejemplo el de completar la documentación. Aproximadamente el 50% de las solicitudes tramitadas han sido denegadas, en la mayor parte de los casos por superar niveles de renta y patrimonio.
Tras las mejoras realizadas en la tramitación, quedan pendientes de análisis 271.000 expedientes, buena parte de ellos recibidos durante las últimas semanas, ya que la Seguridad Social continúa recibiendo unos 12.000 nuevos expedientes de solicitud a la semana.
Entre los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital se encuentran por primera vez perceptores de rentas mínimas de comunidades autónomas que han sido reconocidos como beneficiarios a través de una pasarela desarrollada para el intercambio de datos entre administraciones. Estos reconocimientos son fruto de la prueba piloto que se está realizando con la comunidad de Aragón, con el objetivo de identificar a los beneficiarios de la renta autonómica que cumplen los requisitos del Ingreso Mínimo Vital y permitir su reconocimiento sin que tengan que realizar una solicitud de la prestación.
Tras el éxito de la prueba piloto, el objetivo es que esta pasarela pueda extenderse a otras comunidades autónomas para facilitar la transición entre las rentas mínimas autonómicas y el Ingreso Mínimo Vital. En este sentido, dentro de la colaboración que se mantiene con las comunidades autónomas, esta pasarela se constituirá como un mecanismo permanente de intercambio de información que permitirá una reconversión ágil al IMV de los beneficiarios de las rentas autonómicas que cumplan los requisitos.
El ministro ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital es una norma "en continua evaluación". Fruto de los primeros análisis, ya se hicieron algunos ajustes normativos en septiembre, que han permitido facilitar y agilizar notablemente la tramitación de expedientes. No obstante, Escrivá ha indicado que "en las próximas semanas se realizarán nuevas mejoras que permitirán adaptar la norma a la pluralidad de situaciones de convivencia que se producen en la vida diaria", fundamentalmente entre las personas en situación de vulnerabilidad económica que, a menudo se ven obligadas a compartir vivienda.
En este aspecto, está prevista una próxima modificación normativa para que la acreditación de la unidad de convivencia se pueda realizar mediante un certificado de los Servicios Sociales. También trabajaremos en este mismo sentido "con las organizaciones del Tercer Sector".
