José Antonio Sancho durante el juicio celebrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia. FOTO P. V.La Audiencia absuelve al ex secretario de Canet y el ex concejal Carlos Julián por el Caso Pangea pese a las ''razonables sospechas de la comisión de ilÃcitos'' y ''el hecho de haber acabado la mayor parte del dinero de la subvención (de la Junta de AndalucÃa) en manos del acusado principal'', lo que el juez considera en los fundamentos jurÃdicos de la sentencia -que no es firme y puede ser recurrida por el fiscal y la acusación particular, la Junta de AndalucÃa- que son ''elementos de sospecha intensa''.
La investigación es una parte de la 'trama de las asesorÃas', por una de cuyas piezas Sancho ha sido condenado a dos años de cárcel por sobornar a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad GarcÃa -con la misma pena-, y ambos pendientes de entrar en prisión a la espera de que el Gobierno de Rajoy se pronuncie sobre la petición de indulto que ambos realizaron. El juicio se celebró en dos vistas, el 26 de abril y el 7 de mayo. Este último dÃa, a la tercera investigada, la esposa de Carlos Julián, el fiscal le retiró la acusación de los delitos que sumaban hasta 7'5 años de cárcel por estafa, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
No obstante, el juez basa su absolución en los testimonios de los testigos de los acusados para considerar que ''son muchos los interrogantes abiertos'', sin valorar el hecho de que cuatro de los mismos habÃan sido trabajadores de Sancho y el quinto de la empresa del ex concejal de Canet. AsÃ, entre los testigos a favor de Sancho estaban dos trabajadoras de Pangea, Gema Pedrós y la ''otra a tiempo parcial'', Isabel Giménez -quien ya fue de testigo de Sancho en el juicio en el que fue condenado por sobornar a la ex alcaldesa de La Pobla-, quienes explicaron que recuerdan que se les llevó material informático por parte de la empresa Soluciones Dexfor -cuyo administrador único era Carlos Julián- en enero de 2011, sin recordar exactamente qué. El Consorcio Pangea se dedicaba a ''realizar trabajos que sirvieran de ayuda a la integración social de los inmigrantes, financiándose a través de las subvenciones que solicitaban a las instituciones públicas''.
Con tal motivo, se solicitó una subvención a la Junta de AndalucÃa el 23 de diciembre 2010 por importe de 23.369,69 euros. La empresa de Carlos Julián hizo una factura por este importe y se llevó ''determinado material el 10 de enero de 2011. Posteriormente, Millena III Milenio, controlada por Sancho aunque con administrador único en esa época estaba Juan José Sánchez, realizó con fecha 20 de mayo de 2011 una factura por valor de 16.359,30 euros a Dexfor por concepto de pago ''por los servicios jurÃdicos técnicos varios prestados por nuestros letrados y técnicos durante los últimos cuatro años contables''.
Los otros dos testigos fueron Juan Jesús Gilabert Menual e Ignacio Sancho Moscardó, ''abogados que prestaban sus servicios como pasantes autónomos en el despacho del acusado y que aparecen como tesorero y presidente de Pangea, respectivamente''. Ambos aseguraron reconocer el cargo que ostentaban en Pangea y que firmaban todos los documentos que les presentaba Sancho porque tenÃan ''fe ciega'' en él.
El quinto testigo que aseguró haber llevado el material informático que aparecÃa en la factura fue Alberto de Haro, empleado de Soluciones Dexfor, empresa de Carlos Julián y después de su esposa.
En el Caso Pangea, este Consorcio se creó para obtener subvenciones y ayudar supuestamente a inmigrantes y el motivo de la petición de 7'5 años de prisión para Sancho y Julián -por estafa (dos años), falsedad en documento mercantil y oficial (tres) y delito de blanqueo de capitales (2'5 años)- se basaba en una subvención otorgada por la Junta de 23.369 euros que nunca llegó a destinarse a su objetivo final.
Soluciones Dexfor
Sin embargo, varios factores han hecho al juez aplicar de manera muy garantista la ley hacia los acusados. La principal duda ha radicado en la factura que la empresa de informática de Carlos Julián -Soluciones Dexfor-, entonces concejal de Canet y presidente del Consorcio Pangea, hizo por el importe anterior, supuestamente para comprar material informático para utilizar en el asesoramiento a inmigrantes en AndalucÃa a través de una subvención de la Junta por dicha cantidad. Ese trabajo nunca se hizo porque Sancho alegó que el Consorcio comenzó a tener problemas porque varias administraciones públicas lo fueron abandonando. Además,los tres trabajadores de Sancho y Carlos Julián testificaron asegurando que se entregó material informático en la sede de la Calle Navellos de Valencia y vieron después parte del material en la Casa de Llanos, en Canet d'En Berenguer, tras su traslado cuando el Consorcio echó el cierre.
Para generar dudas en el juez, la defensa de Sancho y Carlos Julián aludieron a un supuesto documento que habrÃa hecho la PolicÃa Local -cuyo jefe era en esa época el hijo de Sancho- advirtiendo de que la Casa de Llanos, donde se llevó el material, tenÃa las puertas abiertas.
Otra de las cuestiones que han jugado a favor de los acusados, y ahora absueltos, ha sido el hecho de que la Junta de AndalucÃa no se hubiese hecho cargo del material en los cuatro años posterior fijado por el contrato entre ésta y el Consorcio, ni aceptó en el año 2016 la devolución del dinero que propuso Sancho, una vez iniciada la investigación y la judicialización del caso.
Millena, de J. J. Sánchez
Tampoco el juez ha considerado como prueba definitiva la factura que Millena III Milenio hizo a Soluciones Dexfor poco después de la factura de 23.000 euros. En este caso, Dexfor pagó 16.000 euros a Millena por asesoramiento jurÃdico. ''Todos los argumentos en pro de la falsedad son meramente deductivos y basados en indicios completamente tangenciales'', recoge el juez. Esta factura, según Carlos Julián y otro de los testigos, se realizó por un serie de asesoramientos que recibió la familia de Julián por unas inversiones inmobiliarias en Marbella.
