El
Juzgado de lo
Contencioso número 6 de Valencia ha reconocido el incumplimiento en la
prestación
del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos cometido por la
empresa
concesionaria, a la que le ha impuesto la obligación de pagar la suma de
359.137 euros más intereses. El contencioso fue interpuesto en noviembre
de
2011 por la mercantil contra la decisión municipal de
proceder a la resolución del contrato una vez conocido el incumplimiento
el en
servicio y tras consulta realizada al Consell Juridic Consultiu de la
Generalitat Valenciana. No obstante dicha resolución de contrato quedó
suspendida cautelarmente
a la espera de esta sentencia que se ha conocido ahora. El fallo
judicial reconoce el incumplimiento, anula
la resolución del contrato e impone el pago de 359.137 euros más los
intereses.
La sanción corresponden a la suma de 73.044 euros/año por cinco años,
desde el mes de
octubre de 2006 a septiembre de 2011. El fallo judicial no es firme y es
recurrible por ambas partes en un plazo de quince días.
El incumplimiento vino producido desde el inicio del servicio en el año 2006, aunque no fue detectado hasta 2011 por informe del funcionario municipal responsable del servicio. Se puso de manifiesto que el servicio de recogida que debía trabajar en los polígonos industriales lo hacía durante dos horas por la mañana en lugar de las ocho comprometidas. También quedó probado que por las tardes el servicio terminaba antes de las 23 horas comprometidas y que en determinados casos se utilizaba el mismo camión de recogida para La Cañada y los polígonos industriales. Por todo ello la empresa concesionaria estaba facturando un sobrecoste correspondiente a medios no utilizados, cuantificados en un camión, conductor y operario, durante 247 días al año, que ahora deberá devolver al Consistorio. La diferencia entre lo facturado y lo realmente prestado supuso un 32% de incremento en el servicio concreto y de un 3% atendiendo al presupuesto de la contrata en su conjunto.
La
alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, ha indicado que "los responsables
públicos tenemos la obligación de velar por el bien de la ciudadanía y
al observar un incumplimiento debemos actuar con la máxima contundencia
posible aunque siempre con la debida precaución y absoluto respeto a la
Ley". Martínez añadió que "seguiremos exigiendo el cumplimiento íntegro
de éste y de todos los servicios que se prestan a la ciudadanía y en el
caso de la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos úrbanos
esperamos conseguir una mejora considerable del servicio".
