El exministro José Luis Ábalos tras salir del Tribunal Supremo. EFE- Chema Moya
El magistrado Leopoldo Puente ha acordado la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias quincenales ante el Supremo para el exministro de Transportes y diputado por Valencia José Luis Ábalos tras comparecer este jueves como investigado, al haber obtenido el suplicatorio del Congreso.
Al termino de su comparecencia, el juez ha dictado un auto en el que dice que "persisten los indicios de la posible comisión de diferentes ilícitos penales" que "podrían colmar, cuando menos" los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, sin citar la malversación, como sí que hizo en anteriores ocasiones.
Puente señala que estas medidas "resultan precisas, en atención a la particular gravedad de los hechos delictivos que se le atribuyen, con el fin de asegurar, en la medida razonablemente posible, que el investigado no pueda en lo porvenir sustraerse a la acción de la justicia y que comparecerá en la causa cuando fuere llamado".
Y añade que "también resultan plenamente proporcionadas en tanto, solo de forma ligera e indispensable limitan el ejercicio de su libertad ambulatoria", máxime cuando, como dijo su letrado, "Ábalos no tiene previsto ni precisa emprender viaje alguno al extranjero".
Puente ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que ha pedido las cautelares argumentando que existen indicios de criminalidad, una solicitud a la que se ha adherido la acusación popular del PP, que coordina a las otras seis personadas.
La defensa, por su parte, se ha opuesto a ello al alegar que no existen indicios de criminalidad, ya que declaró voluntariamente en la causa, y que como carece de cualquier clase de bienes en el extranjero, eso excluye el riesgo de fuga.
Se trata de las mismas cautelares que pesan contra los otros dos investigados, el empresario y presunto comisionista de la trama Víctor de Aldama y el exasesor del exministro Koldo García.
Durante la comparecencia, que ha durado 40 minutos, Ábalos ha respondido a las preguntas del juez, del fiscal y de su defensa limitándose básicamente a ratificar lo dicho en su declaración voluntaria del 12 de diciembre, en la que negó el cobro de comisiones y rechazó apuntar a cargos del Gobierno o del PSOE.
Según fuentes jurídicas, el exministro ha vuelto a insistir en que su patrimonio está limpio y que no tiene productos financieros ni sociedades, a la espera de lo que concluya el informe que tiene pendiente la UCO al respecto.
También ha negado con rotundidad las últimas acusaciones de Aldama sobre los pisos que dijo haber alquilado para encuentros con mujeres prostituidas en los que ubicó a Ábalos, Koldo y al ministro Ángel Víctor Torres.
El juez, además, le ha preguntado por la llegada de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a España, en enero de 2020. Ábalos ha dicho que no sabia quién estaba en el avión de Barajas y que desconocía que no podía entrar en nuestro país, más aun cuando tenía una reunión agendada con la vicepresidenta.
El magistrado también ha preguntado a Ábalos sobre un chalé en Perú que, según explicó el exministro esta semana en X, no es una vivienda, sino un centro social en la ciudad de Chimbote registrado a nombre de una antigua fundación -Fiadelso-, de la que fue presidente hasta 1998.
En este sentido, según las fuentes, el exministro ha indicado que el suelo permanece a su nombre, pero que es una cuestión circunstancial y debido a que la fundación no tenía personalidad jurídica.
Por otra parte, el magistrado ha rechazado el recurso de Ábalos contra el auto en el que ordenó una investigación patrimonial sobre él y su hijo, y acordó citar a 17 testigos en las próximas semanas.
