El empresario Ángel Fenoll en una de sus llegadas al juzgado de Orihuela para declarar como imputado por irregularidades en el Plan Zonal de Gestión de Residuos de la Vega Baja. EFE-Archivo
Esa jornada se resolverán las cuestiones previas mientras que las declaraciones se iniciarán el 7 de mayo.
Así lo ha acordado hoy la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, en una providencia tras celebrar una reunión con las defensas y acusaciones para ajustar el calendario de la vista oral, que ha sido notificado también a los 34 acusados.
Todas las partes han coincidido en darse por enteradas de los diferentes escritos de conclusiones jurídicas provisionales, por lo que se han dejado sin efecto las sesiones reservadas para la lectura de dichos escritos, los días 20 y 21 de febrero.
Según el TSJCV, el calendario definitivo acordado por la Sala no supone en la práctica ninguna demora con respecto al anterior, fijado en una providencia en diciembre de 2017. Se han incluido nuevas fechas y se han suprimido otras.
El abogado Antonio Martínez Camacho ha explicado a los periodistas que el calendario se ha acordado después de que los letrados, entre ellos el nuevo del principal implicado, el empresario Ángel Fenoll (el anterior ha desistido por motivos de salud), hayan renunciado a la lectura de los escritos de acusación y defensa de los implicados, que lo consideraban "innecesario".
De esta forma, del 5 al 7 de marzo las defensas plantearán las cuestiones previas, la contestación del fiscal tendrá lugar el 13 y 14 de marzo, mientras que los días 20 y 21 de ese mes será el turno de la acusación particular, en concreto el ayuntamiento de Orihuela, mientras que las declaraciones darán comienzo el 7 de mayo.
A primera hora de la mañana de hoy han ido llegando al Palacio de Justicia ilicitano los 34 acusados para recoger las citaciones, entre ellos el citado Fenoll y los ex alcaldes de Orihuela investigados, José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del PP.
Lorente, en declaraciones a los periodistas, ha confesado sentirse tranquila ante el inicio de un juicio: "Tengo ganas de que empiece y finalice, por fin", después de tanto tiempo.
"Vivo con tranquilidad y normalidad, alejada del foco mediático, pero continúo con mi vida", ha añadido antes de dejar clara su "confianza plena" en la Justicia y en tener una "sentencia absolutoria y favorable" porque "jamás hice nada".
Asimismo, ha destacado la colaboración y disposición de todas las partes implicadas para determinar la agenda de un juicio "muy complejo" y que, con ello, "todo el mundo se defienda y se busque una sentencia justa para cada parte". EFE
La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde popular Medina aunque las pesquisas posteriores dieron paso a una veintena de piezas separadas en distintos puntos de la provincia de Alicante bajo la denominación genérica de 'Operación Brugal'.
En esta rama inicial del Brugal, la Audiencia Provincial enjuicia a 34 personas, de las que quince han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los exalcaldes oriolanos Medina y Mónica Lorente, también del PP, y siete exediles de la corporación municipal.
Para Medina, la fiscalía pide 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho, para su sucesora Lorente 8 por fraude y para el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.
El fiscal considera a los procesados autores, cooperadores o cómplices de delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de secretos y de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, extorsión e intento de coacciones.
Sostiene que Fenoll y su entorno conformaron una presuntas trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".
Además, el empresario oriolano habría pagado supuestamente sobornos a otros políticos para seguir monopolizando la recogida de basuras en la comarca o financiado "fuera de los cauces legales" al PP y al Partido Socialdemócrata.
Entre las principales piezas separadas del Brugal destacan la investigación del plan zonal de residuos de la Vega Baja -por la que deberán ser juzgados, entre otros, el expresidente de la Diputación y del PP de Alicante José Joaquín Ripoll- y la que indaga una presunta trama de corrupción en torno al urbanismo de la capital de la provincia.
En esta última figuran como investigados el empresario Enrique Ortiz y los exalcaldes populares de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros.
Este caso de presunta corrupción debe su nombre al acrónimo BRUGAL: "Basuras RUrales Gestión ALicante", toda vez que las Fuerzas de Seguridad suelen bautizar todas las investigaciones abiertas con nombres relativos a algún detalle de la operación o que aluden, aunque sea de forma colateral, a algún aspecto concreto de las personas investigadas.
