Imagen del banquillo de los acusados en la pieza del caso Brugal. EFE
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), ayer por la tarde concluyeron los turnos de intervención de las defensas para el planteamiento de cuestiones previas.
Atendiendo a la petición de la Fiscalía, el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, ha acordado postergar a los días 20 y 21 de marzo las intervenciones de los propios fiscales en respuesta a las citadas cuestiones previas.
El juicio, por lo tanto, se reanudará el próximo 20 de marzo, sin que se celebren las inicialmente previstas de los días 13 y 14 de este mes.
Durante las dos jornadas de intervenciones de las cuestiones previas por parte de los abogados de las defensas, éstos han pedido la nulidad de las intervenciones telefónicas con el argumento de que no estaban suficientemente justificadas.
Los letrados de los 34 acusados, entre ellos el industrial oriolano Ángel Fenoll, y los exalcaldes de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del PP, han calificado el caso "viciado de nulidad" por esa supuesta invalidez de los pinchazos telefónicos y por otras cuestiones, como por ejemplo lo prolongado del secreto de las actuaciones, entre la primavera de 2007 y 2010.
La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del popular Medina.
De las 34 personas que se enjuician, quince han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal.
Para Medina, la fiscalía pide 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho, para su sucesora Lorente 8 por fraude y para el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.
La fiscalía sostiene que Fenoll, que destapó el caso al creer que no se le iba a adjudicar el contrato de basuras de Orihuela, conformó una presunta trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".
Entre las piezas separadas del Brugal surgidas a partir de las intervenciones telefónicas destacan la investigación del plan zonal de residuos de la Vega Baja -por la que deberán ser juzgados, entre otros, el expresidente de la Diputación y del PP de Alicante José Joaquín Ripoll- y la que indaga una presunta trama de corrupción en torno al urbanismo de la capital de la provincia.
En esta última figuran como investigados el empresario Enrique Ortiz y los exalcaldes populares de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros.
