El juzgado número 4 de Sagunto investiga una trama de amaño de contratos, donde podrían estar implicados el ex alcalde del PP, Alfredo Castelló, y 11 concejales y ex concejales por presuntos delitos de cohecho y prevaricación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sagunto ha coordinado hoy una operación por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del Consistorio saguntino.

Durante toda la mañana, y en el marco de la "Operación Flotador", agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado, por orden de la instructora, tres sedes municipales en Sagunto y Puerto de Sagunto, las oficinas de Agua de Valencia en Sagunto y en la capital y las sedes de otras cuatro empresas.

La causa por presuntos delitos de cohecho y prevaricación se inició en agosto de 2015 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

En ella se investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14, periodos en los que fue alcalde Alfredo Castelló, actual diputado del PP en les Corts Valencianes.

El Juzgado investiga a 12 personas físicas (concejales y exconcejales) y 6 personas jurídicas, empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares.

La diligencias, declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público. Se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública.

En el marco de estas diligencias se ha desarrollado la operación de hoy encaminada a asegurar pruebas con la intervención de expedientes y contratos bajo sospecha. La causa continúa secreta.

Como ha ido informando El Periódico de Aquí, la Policía Nacional está registrando en estos momentos el Ayuntamiento de Sagunto, el edificio Bancaja, Aigües de Sagunt y la tenencia de alcaldía de Puerto en busca de documentación de los años 2007 a 2014. La operación la está desarrollando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)  y sólo en el edificio de la calle Autonomía hay unos 18 agentes.

Castelló es en la actualidad diputado autonómico en les Corts Valencianes y presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP de la Comunitat Valenciana. En declaraciones a El Periódico de Aquí ha señalado ''desconocer lo que están buscando''. Castelló ha comparecido ante los medios tras el pleno en Les Corts y ha mostrado su sorpresa ante lo sucedido: "Que se investigue todo lo que se tenga que investigar porque desde luego yo tengo la conciencia absolutamente tranquila y las cosas siempre se han hecho bien", ha matizado.

La notificación del registro en varias dependencias municipales llegó por sorpresa esta mañana a los concejales que estaban en la Comisión de Hacienda. Cinco agentes de la Policía Nacional y dos judiciales leyeron un auto del juzgado número 4 de Sagunto, en el que anunciaron el registro integral del Ayuntamiento por presuntos delitos de cohecho y prevaricación. Se pidió, asimismo, la colaboración de los funcionarios del Consistorio. Los concejales estuvieron retenidos durante media hora.

El alcalde, Francesc Fernández, de Compromís, está dentro del ayuntamiento hasta que acabe la operación. Y en una mañana de mercado municipal junto a la Casa Consistorial, se ha visto acompañando a un agente de la UDEF al interventor municipal.

Fernández ha explicado a los medios de comunicación que la UDEF ha irrumpido en su despacho a las 9.30 horas y le ha explicado que han pedido facturas desde 2007 a 2014. ''No teníamos conocimiento de nada. La situación es desagradable y hemos colaborado con la Policía por orden judicial. En estos momentos la operación continúa abierta. Espero que todo se resuelva favorablemente y el nombre de Sagunto quede limpio de todo este proceso judicial. Se ha declarado el secreto de sumario y hemos convocado junta de portavoces. Confiamos en la justicia y en el buen nombre de nuestra ciudad''.

Según fuentes que han tenido acceso al auto, la Policía Judicial está investigando contratos, adjudicaciones y facturas de servicios relacionados con el mantenimiento de alumbrado, señalización vertical, calefacción y aguas en el período que abarca las dos últimas legislaturas gobernadas por el PP con Alfredo Castelló como alcalde y en el último año por el ahora portavoz popular, Sergio Muniesa. 

Cabe destacar que la empresa mixta Aigües de Sagunt se constituyó en 2009 y que anterior a esta fecha el Ayuntamiento tenía externalizado este servicio y contrataba con empresas como Aguas de Valencia, que en la actualidad posee el 49% de la empresa mixta Aigües de Sagunt.

Reacciones

El alcalde de Sagunto, Quico Fernández, ha mostrado la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que ha entrado esta mañana en el ayuntamiento y ha requerido distinta información. El alcalde ha convocado esta mañana una Junta de Portavoces para informar a todos los grupos de este asunto.

Fernández, acompañado de otros miembros del equipo de gobierno como Guillermo Sampedro y Pablo Abelleira, ha comparecido ante los medios de comunicación para informar de esta intervención: "La UDEF se ha presentado hoy en el ayuntamiento y ha requerido información referente a documentos, facturas y contratos. No teníamos constancia de esta circunstancia. Es una situación desagradable para un ayuntamiento y hemos hecho todo lo que la policía, por orden judicial, nos ha pedido, que es básicamente colaborar".

Ante las preguntas de los medios, el alcalde ha manifestado que está decretado el secreto de sumario, y ha añadido que aunque no tiene una información estrictamente oficial, entiende que están requiriendo información de las dos últimas legislaturas: "Estamos colaborando con la justicia, que es nuestra obligación, y esperamos que todo se resuelve de una manera favorable y que la justicia haga su camino y el nombre de esta ciudad quede por encima de estas circunstancias." Fernández ha añadido que no sabe de dónde ha partido la denuncia.

El portavoz del PP, Sergio Muniesa, que formó gobierno con Alfredo Castelló, ha declarado su "sorpresa" ante lo sucedido esta mañana en el consistorio saguntino y ha confirmado su "tranquilidad porque desde 2007 siempre se ha actuado con total normalidad". Por el momento, Muniesa no ha recibido ninguna notificación para declarar como investigado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos de Sagunto, Raúl Castillo, ha declarado que "sin duda alguna es una mala noticia que nuestra ciudad sea noticia a nivel nacional por asuntos como éste". Desde Ciudadanos, "lanzamos un mensaje de apoyo y colaboración absoluta con las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y de total respeto a las actuaciones judiciales que sean necesarias para dirimir, en su caso, las responsabilidades penales que correspondan".

Desde Iniciativa Porteña han manifestado que esperan "aclaraciones sobre el motivo de la intervención judicial en el Ayuntamiento".

Tras la espectacular intervención judicial en el Ayuntamiento esta mañana, llevada a cabo por miembros de la UDEF, el portavoz de IP, Manuel González, ha declarado que "desconocemos si esto forma parte de una investigación realizada en exclusiva sobre el Ayuntamiento de Sagunto o forma parte de alguna ampliación en alguno de los casos conocidos de corrupción que envuelven a numerosos cargos públicos del Partido Popular".

En la Junta de Portavoces celebrada esta mañana "se nos ha informado que en la notificación entregada por el juez, consta la petición de los expedientes de diversas facturas emitidas en los ejercicios 2013 y 2014, de cuatro empresas que realizaron tareas de reasfaltado, alumbrado público, aire acondicionado y vigilancia. Facturas todas ellas que contaban con informe de reparos por parte del interventor, dado que no contaban con consignación presupuestaria al no tener presupuestos desde el año 2009. Por otro lado, también se han centrado en los contratos, préstamos participativos y facturas de la empresa Aigües de Sagunt, desde la adjudicación a Aguas de Valencia en 2007, hasta 2015".

Por parte de Iniciativa Porteña, "esperamos que se aclare a que responde todo este despliegue pues estamos tan sorprendidos como el resto de políticos y funcionarios. Si finalmente se demuestra que ha existido corrupción en este Ayuntamiento, exigiremos que se depuren responsabilidades tanto a nivel político como técnico si las hubiere. No obstante, lógicamente al no conocer con exactitud lo que está ocurriendo entendemos que se tiene que mantener la máxima prudencia".