Colapso en los tribunales de la Comunitat Valenciana. EPDA. El ministerio de Justicia, que dirige Juan Carlos Campo, ha iniciado hoy una ronda de consultas para presentar a las comunidades autónomas, sindicatos y operadores jurÃdicos el plan de actuación comprometido en la disposición adicional decimonovena del real decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Dicho plan debe ser aprobado en el Consejo de Ministros, probablemente, el próximo 7 de julio.
Justicia ha desplegado hoy a todos sus altos cargos en distintas reuniones sectoriales para explicar las medidas de refuerzo de los órganos de las jurisdicciones social y contencioso-administrativa y de los juzgados de lo mercantil que se activarán en dos fases a partir del 1 de septiembre.
El reto más significativo para la Administración de la Justicia, a dÃa de hoy, es hacer frente al previsible aumento de la litigiosidad derivado de la ralentización de la actividad durante la crisis, asà como de las medidas extraordinarias que se han tenido que adoptar y las consecuencias de la coyuntura económica.
Se pretende, por lo tanto, reforzar aquellos órganos judiciales que afrontarán el mayor incremento de entrada de asuntos, con el objetivo de que recuperen, de forma paulatina, la normalidad en su actuación, reduciendo en lo posible la pendencia acumulada.
El plan de refuerzo establece una actuación en dos fases diferenciadas:
Primera fase: Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020 los apoyos se concentrarán en los órganos judiciales de los órdenes social y mercantil con una carga de trabajo superior al 130% del módulo establecido por el CGPJ.
Segunda fase: A partir del 1 de enero de 2021 se contará con datos más completos del impacto de la crisis, lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar en esta fase que afectarán a las tres jurisdicciones.
Se adoptarán, por un lado, medidas de autorrefuerzo que consistirán en el establecimiento de un programa concreto de actuación por objetivos para personal destinado en el propio órgano que percibirá por ello una retribución extraordinaria. Podrán participar el titular del órgano judicial, un letrado de la Administración de Justicia, dos gestores/tramitadores y un auxilio judicial por órgano. A priori, esta medida está destinada a dar cobertura a 229 órganos de lo social (64,31% del total) y a 86 órganos mercantiles (86% del total de la jurisdicción).
Además, mediante medidas de refuerzo externo, se apoyará al órgano judicial con personal que no está destinado en la sede. Se nombrará para ello a un juez, un letrado de la Administración de Justicia (social) o uno por cada dos jueces (mercantil), dos gestores y dos tramitadores por órgano, y un auxilio judicial por cada cuatro equipos. Se reforzarán con estas actuaciones 57 órganos de lo social (16,01%) y 66 juzgados de lo mercantil (66%) pero se podrá extender su aplicación a otros órganos en función de su pendencia.
Finalmente, se establecen medidas estructurales, consistentes en la puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales, cuya creación estaba prevista con anterioridad al estado de alarma. Ello contribuirá de manera natural a absorber y minimizar el impacto del incremento de asuntos.
En el ámbito de la jurisdicción social, el objetivo a conseguir será la resolución de, al menos, 145 procedimientos mensuales. Si se trata de refuerzos externos, el objetivo consistirá en la realización de las actuaciones procesales debidas para el señalamiento y resolución de más de un centenar de procedimientos mensuales de carácter preferente.
En el ámbito de lo mercantil, el objetivo de la primera fase será la resolución de los procedimientos de menor complejidad pero que suponen un elevado porcentaje en la carga de trabajo del juzgado. Con las medidas de autorrefuerzo se tratará de incrementar la resolución de los asuntos por reclamaciones aéreas en un 20%. El objetivo de las medidas de refuerzo externo consistirá en la realización de las actuaciones para la resolución de, al menos, 180 procedimientos mensuales en materia de reclamaciones aéreas.
Al frente de la reunión celebrada con las CCAA, el secretario de Estado, Pablo Zapatero, ha abundado en la cogobernanza y la coordinación como una fórmula de éxito ya comprobada durante la gestión de la crisis y que el Ministerio pretende mantener más allá de la pandemia. En ese sentido, el secretario de Estado ha pedido hoy a los representantes de las CCAA un esfuerzo común como punto de partida, que pasa por "compartir datos para hablar un mismo lenguaje". Zapatero les ha planteado la posibilidad de trabajar conjuntamente en un sistema de información abierta que permita una gestión eficiente por parte de todos.
Zapatero pretende acordar este protocolo de actuación con las CCAA para ir encaminando ya los trabajos que se desarrollarán al hilo de la Conferencia Sectorial que se celebrará a finales de julio.
La directora general para el Servicio Público de la Justicia, Concha López-Yuste, ha explicado que se trata de un plan "dinámico y sujeto al cumplimiento de objetivos", por lo que cada quince dÃas se realizará un control y evaluación de su funcionamiento "por responsabilidad en la rendición de cuentas ante la ciudadanÃa". Ello permitirá- entiende López Yuste- adaptar las medidas a las circunstancias del momento y anticipar las actuaciones que se pondrán en marcha en la segunda fase.
La reunión con las asociaciones de jueces y fiscales ha estado presidida por el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concha López-Yuste. Han asistido el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar; el portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia, Ignacio González; el representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Riestra; la presidenta del Foro Judicial Independiente; Concepción RodrÃguez; la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus; la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Teresa Peramato y el representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada.
Por su parte, el subdirector general de Acceso y Promoción del Personal al servicio de la Administración de Justicia, José Ramón Crespo, ha destacado la receptividad y clima constructivo mostrados por los representantes sindicales con los que se ha reunido, entre ellos, Javier Jordán, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF); Emilia Rubio, del Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ); Javier Hernández, de Comisiones Obreras (CCOO); Victoria Carrero, de la Unión General de Trabajadores (UGT), Xosé Barreiro, de la Confederación Intersindical Galega (CIG); e Imanol Oyarzabal, de Euskal Sindikatua (ELA).
Con posterioridad a la reunión con las CCAA, el subdirector general de Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal, Francisco Cabo, mantendrá hoy también un encuentro con representantes de las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia.
