La Ciudad de la Justicia acogió este viernes una jornada centrada en el análisis de los contenidos de odio en redes sociales, organizada por la Fundación COSO. Bajo el foco de juristas y académicos, se puso sobre la mesa la urgencia de afrontar la creciente propagación de mensajes discriminatorios en los entornos digitales.
La Fiscal delegada de delitos de odio, Susana Gisbert, explicó que no toda manifestación ofensiva puede ser considerada un delito de odio, pero advirtió del grave impacto que tienen estos mensajes cuando cumplen ciertos requisitos legales. "Un insulto puede llegar a ser un delito de odio, pero solo si se cumplen algunas circunstancias", matizó.
Gisbert subrayó además el "plus negativo" que supone la difusión online de estos contenidos, dada su capacidad de alcanzar a miles de personas en cuestión de segundos. En este sentido, destacó la importancia del tratamiento informativo de estos casos, ya que "es fundamental que se visualice la condena para que los infractores sepan que esto no sale gratis".
En el mismo acto, los investigadores de la Universidad de La Rioja Julio Montero Díaz y Elías Said-Hung presentaron el ambicioso proyecto Hatemedia, que analiza cómo se difunden los discursos de odio en medios digitales en España. Para ello, han procesado más de 19 millones de datos directos y cerca de 30 millones de indirectos, lo que permite establecer una especie de "termómetro del odio" en el entorno mediático.
La jornada, que fue inaugurada por el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Soler Flores, puso en evidencia el desafío que supone combatir el odio en redes sin comprometer la libertad de expresión, y la necesidad de una respuesta informada, legal y social ante un fenómeno que no deja de crecer. Moderó la sesión el abogado del Estado, Javier Gómez-Ferrer, miembro del Patronato de COSO.
