La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo aprobó el pasado martes con 33 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la aplicación de nuevas normas "para el cálculo de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de terceros países" con el objetivo de, tal y como ha apuntado la eurodiputada del PSPV, Inmaculada Rodríguez-Piñero, "dar una respuesta a la controversia generada por la reivindicación por parte de China de obtener el estatuto de economía de mercado en la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como para defender a la industria europea como la cerámica castellonense".
Para la eurodiputada valenciana y portavoz del PSOE en la comisión de comercio internacional "estos instrumentos contribuirán a proteger a las decenas de miles de puestos de trabajo de sectores innovadores como la cerámica, que están en peligro ante el exceso de capacidad de producción de China y su economía subvencionada" "Esta propuesta es fruto del trabajo desarrollado junto al sector azulejero y recoge sus reivindicaciones para frenar el riesgo de deslocalizaciones", ha incidido la eurodiputada antes de asegurar que "no nos podemos permitir que un sector como el cerámico, que es motor de la economía y el empleo para la provincia de Castellón se vea amenazado por la competencia desleal de terceros países". "Con esta propuesta el Parlamento Europeo ha lanzado un fuerte mensaje: mientras no compitamos en igualdad de condiciones, debemos reforzar nuestra defensa comercial", ha concluido Rodríguez-Piñero.
De esta forma, las nuevas reglas propuestas por el Parlamento permitirán que se siga calculando el dumping en las importaciones a través de los precios de referencia de un tercer país, tal y como reclamaba el sector azulejero. Para ello, se creará una lista no exhaustiva de distorsiones significativas que recogerá los cinco criterios ya establecidos por la UE para catalogar a un país como economía de mercado. Además, el dumping social, medioambiental y fiscal también podrá ser considerado una distorsión y podrá motivar la imposición de derechos antidumping.
"El nuevo sistema no supondrá ninguna carga adicional para las empresas valencianas a la hora de probar la existencia de dumping", ha apuntado Rodríguez-Piñero antes de señalar que "corresponderá a la Comisión Europea publicar informes detallados que describan la situación específica de la economía de un país o un determinado sector para determinar la existencia de distorsiones significativas".
Tras la aprobación de esta propuesta, y si no se producen objeciones en la sesión plenaria del mes de julio, el Parlamento Europeo iniciará las negociaciones con los ministros de comercio de los 28 Estados miembros para alcanzar un texto legislativo de compromiso.
