La portavoz de Compromís, Teresa García. EPDAEl pleno del Ayuntamiento de Sagunt celebrado durante la tarde de ayer, martes 25 de julio, aprobó la moción referente a la lucha de las instituciones públicas contra algunas prácticas empresariales que atentan contra los derechos humanos y el "blanqueo verde", en especial aquellas prácticas que se llevan a cabo en el municipio.
La moción, presentada por Compromís, fue aprobada con los votos a favor de los partidos del equipo de gobierno, (Compromís, Esquerra Unida, ADN Morvedre y PSPV-PSOE), Iniciativa Porteña y Ciudadanos, y con la abstención del Partido Popular.
Tal y como recoge la propuesta, se entiende el "blanqueo verde" como la desinformación diseminada por una organización para presentar una imagen respetuosa del medio ambiente, actuando como fuente de engaño hacia el consumidor para que la percepción de los productos, los objetivos y la imagen de la empresa sean percibidos como ecológicamente amigables.
Asimismo, la moción aclara que este tipo de prácticas evitan avanzar en la resolución de la problemática ambiental que provocan las organizaciones, ya que supone una acción de competencia desleal contra otras que sí avanzan en una Responsabilidad Social y Ambiental.
En este sentido, y según lo acordado tras modificar la propuesta y aprobar las enmiendas realizadas por Iniciativa Porteña, el Ayuntamiento de Sagunt ha acordado rechazar cualquier tratamiento institucional con aquellas empresas que hayan financiado organizaciones terroristas para el mantenimiento de sus actividades productivas cuando tales hayan sido determinados por sentencia firme del Tribunal competente.
Asimismo, se rechazarán las acciones de "blanqueo verde" que se lleven a cabo en la localidad cuando por decisión judicial firme se confirmen las irregularidades que se denuncian o enumeran en la exposición de motivos.
El Ayuntamiento de Sagunt también promoverá acciones formativas para las entidades cívicas del municipio para prevenir sobre este fenómeno que evita una verdadera mejora de la calidad ambiental y del respecto por los recursos naturales en el municipio.
En la misma línea, se añadieron dos enmiendas adicionales planteadas por Esquerra Unida, y aceptadas por la ponente de la moción, Teresa García, que exponen que el Ayuntamiento impugnará cualquier tratamiento institucional con aquellas empresas que se beneficien del trabajo infantil y del trabajo forzoso, así como de aquellas que fomenten la explotación infantil y adolescente. También cualquier tratamiento institucional que viole la legislación española e internacional sobre el comercio de armas, así como entidades que financien a productores de armas.
