El PP critica las subvenciones al catalán y la negativa a costear un mamógrafo para las mujeres del Palancia

* La coalición PSOE-Compromís da 260.000 euros al instituto Ramón Llull para que se difunda el catalán en la Comunidad Valenciana.

* "Recuperar els països catalans" a través de la cultura catalana, la gastronomía y la lengua es el principal cometido de la entidad subvencionada.

* El gobierno autonómico se centra en gastar el dinero público de los valencianos en adoctrinar a la sociedad mientras les privan de ayudar y servicios básicos.

El continuo goteo de subvenciones del Gobierno Valenciano hacia estas entidades que difunden, promocionan e impulsan los ideales catalano-independentistas tiene como motivación principal la alienación de la sociedad. Acabar con las tradiciones religiosas y taurinas, generar rechazo hacia todo lo que huela a nacional, imponer el pensamiento único y favorecer una praxis monolingüe en una comunidad en la que conviven dos lenguas oficiales.

Y es que, el gobierno sectario de Puig y Oltra, huye de la libertad, la igualdad y la pluralidad social. Mientras se aferran en destinar millones de euros para entidades pro-independentistas, como el Instituto Ramón Llull o Escola Valenciana, más de 4.000 mujeres del Palancia se ven privadas de los servicios de screening para el cribado del cáncer de mama en su comarca, que su reapertura costaría un importe similar al destinado al adoctrinamiento.

El desinterés que han mostrado los políticos de la izquierda valenciana hacia las comarcas del interior, desde que llegaron al gobierno en el año 2015, es un hecho más que constatado. Una larga lista de despropósitos que han hecho mella en Segorbe y su comarca, tales como la desaparición de la subvención, de más de dos millones de euros, destinada a la rehabilitación del patrimonio de Segorbe; la supresión de los servicios de mamografía del hospital complementario; el rechazo hacia el Conservatorio Profesional comarcal; el fallido intento de implantar la religión islámica en Altura y Segorbe; la penalización sin la titulación en inglés a los escolares de las zonas de habla castellana, o la presunta construcción de una residencia para la tercera edad con dinero municipal, cuando es competencia exclusiva de la Generalidad. Despropósitos respaldados por Rafael Magdalena y sus socios de gobierno, que, como vienen demostrando, se unieron por el odio hacia unas siglas que sí gestionaba y procuraba por el bien de sus ciudadanos.