El juez ha admitido a trámite la querella interpuesta por los concejales del PP de Aldaya, contra la alcaldesa de Aldaya, Empar Navarro, y contra el concejal de Urbanismo Francesc Ferrer. Los populares acusan a la alcaldesa y al edil socialista de haber cometido un presunto delito de prevaricación ya que han vulnerado los artÃculos 320 y 404 del Código Penal.
La querella de los populares se fundamenta en las irregularidades acaecidas en la urbanización del sector PP-3 de Aldaya, donde el Consistorio otorgó a la empresa Bigeco la licencia de construcción a cambio de que urbanizara la zona y construyera 176 viviendas de Protección Oficial. Esto implicaba, no sólo la cesión de terrenos municipales, sino también una expropiación forzosa a los propietarios de los terrenos donde se iban a construir estas casas.
No obstante, como relatan los populares, Bigeco en lugar de construir las 176 VPO, edificó 128 VPO y 48 áticos libres, asà como diversos bajos comerciales. Esta situación provocó, según las mismas fuentes, el malestar de los propietarios de los terrenos ya que se les habÃa expropiado a precio de VPO y sin embargo se habÃa construido viviendas y bajos fuera de esta categorÃa, por lo que los afectados decidieron llevar el caso a los tribunales y finalmente el Tribunal Superior de Justicia dictó sentencia por la cual el Consistorio debÃa indemnizar a los afectados.
"Para nosotros el Ayuntamiento no ha fiscalizado, ni ha controlado que se desarrollaran las obras como se habÃa acordado en la licencia, perjudicando de este modo tanto a los propietarios de los terrenos que inicialmente cobraron menos de lo que debÃan y a 48 vecinos que se han quedado sin la opción de acceder a una VPO, como al propio Ayuntamiento de Aldaya, que somos todos, y al que también le correspondÃa el aprovechamiento que se cedió a la urbanizadora", explica el Partido Popular.
El Ayuntamiento "se justifico en su momento, en que la Generalitat hizo una modificación de la ley en la que permitÃa edificios mixtos donde hubieran viviendas de protección oficial y libres, pero es que eso no es aplicable a este caso, porque en todo momento cuando se le otorgó a Bigeco la construcción y urbanización de esta zona junto al Tama, se habla exclusivamente de VPO y asà lo entendió el TSJCV", señalan.
Asimismo el PP añade que "en el proyecto no sólo se ve que hay viviendas libres, sino que además hay viviendas de más de 90 metros cuadrados, cuando las VPO en ningún caso pueden superar esa superficie, y por tanto la licencia de obras inicial ya incumplÃa el convenio entre la urbanizadora y el Ayuntamiento".
Por todo ello, el Partido Popular de Aldaya ha presentado una querella contra la alcaldesa Empar Navarro y el concejal de Urbanismo Francesc Ferrer por un presunto delito de prevaricación que puede acarrear una multa económica de 12 a 24 meses o prisión de seis meses a dos años y además inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
