El gobierno socialista de Mislata ha celebrado esta mañana una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de la auditorÃa de contratación, el informe que analiza la legalidad de los contratos administrativos de la anterior legislatura. De todos los procedimientos analizados, el más extenso y detallado es el de la concesión de los aparcamientos que acabó con la renuncia de Lubasa y la polémica liquidación de 17 millones de euros. En sus conclusiones, los auditores son contundentes: "la valoración de la liquidación de las obras no se ajusta a la Ley de Contratos de la Administración Pública (RGLCAP)".
Además del caso Lubasa, la auditorÃa revela en sus conclusiones toda una serie de irregularidades y malas prácticas ligadas a los procedimientos de contratación realizados durante el periodo 2007-2011. De los contratos analizados por los auditores –sólo se analiza una muestra del total- se desprende la existencia de "compromisos de gastos por un importe que excede del lÃmite de la contratación menor, para los que no se tramitó expediente; fraccionamiento indebido de compromisos de gastos con un mismo tercero para eludir el procedimiento de adjudicación; o adjudicaciones recurrentes a un mismo proveedor mediante sucesivos contratos menores que, por su importe global, tendrÃan que haber sido adjudicados por el procedimiento negociado o de concurso".
Todas estas irregularidades, denuncia la auditorÃa, fueron recurrentes y de la muestra analizada por los auditores independientes "se cifra una cantidad de 3,3 millones de euros adjudicados irregularmente a dedo. Y esto es sólo una parte, si se hubieran analizado todos los contratos la cantidad serÃa escandalosa", ha asegurado esta mañana Mª Luisa MartÃnez, concejala de Hacienda y portavoz socialista. Al igual que con el contrato de Lubasa, el gobierno municipal también ha anunciado que analizará detalladamente la información, "porque muchos de ellos tenÃan reparos e informes contrarios de la interventora, de los que el PP hizo caso omiso, saltándose a sabiendas los procedimientos de contratación".
En cuanto al caso concreto de Lubasa, la ley decÃa que la valoración debió efectuarse a partir de mediciones de obra ejecutadas en el momento de la rescisión del contrato, tal como denunció en su dÃa el actual alcalde y entonces portavoz de la oposición, Carlos Fernández Bielsa. Esa valoración de lo realmente construido no pudo hacerse, entre otras cosas, porque como denuncia la auditorÃa, "la recepción de las obras es posterior a la aprobación de la liquidación y al pago del primer plazo del convenio", de seis millones de euros. Además, pese a abandonar la concesión y dejar durante dos años un socavón en pleno centro de Mislata, el PP de Mislata renunció a exigirle a la empresa los daños y perjuicios ocasionados.
Esta mañana, Bielsa ha explicado a los medios de comunicación que las conclusiones de la auditorÃa "nos dan la razón, al Grupo Socialista y a la interventora municipal, que denunciamos una y otra vez que la liquidación no se hizo bien y que existió un enriquecimiento injusto". El alcalde ha vuelto a insistir en que en esta operación se antepusieron los intereses de Lubasa a los de los vecinos de Mislata y ha anunciado que los servicios jurÃdicos están "analizando el alcance de todas estas irregularidades y en el caso de que constituyan delito, el Ayuntamiento de Mislata, en defensa de los intereses de los ciudadanos, del patrimonio municipal y del dinero de todos, se personará ante el tribunal correspondiente para que resuelva".
