El grupo municipal popular ha presentado un punto al próximo pleno en el cual reclama que se incie el procedimiento de lesividad contra el acuerdo plenario que, con informes contrarios de Secretaría General, aprobó la encomienda para la creación de una brigada de obras públicas. El PP exige al gobierno bipartito que, atendiendo a los informes jurídicos restituya la legalidad, para lo cual pide el apoyo en el Pleno del resto de formaciones políticas.
El pasado 30 de noviembre de 2016, con votos a favor de los concejales del grupo socialista y Compromís; votos en contra de los Grupos EU, PASIP,
Ciudadanos y Popular, el Ayuntamiento de Paterna acordó encomendar a GESPA SLU
el mantenimiento de Vías Públicas con un coste anual de 876.669,21 euros. Dicha
encomienda se aprobó a pesar de los informes desfavorables emitidos por
Secretaría General, concluyendo de manera rotunda que "el expediente no reúne
los requisitos acreditativos necesarios para la adopción del acuerdo en los
términos que se propone".
Dichos informes indicaban que el expediente adolecía de diversos documentos imprescindibles para la toma del acuerdo, así como impedimentos legales como es la limitación de contratación de personal del Ayuntamiento y empresa pública derivados de la Ley de Presupuestos, "como tampoco se encuentra justificada la forma de prestación escogida de conformación a lo exigido en el art. 85 2 de LRBRL con datos medibles cuantitativa o cualitativamente", según expresaba en su informe la habilitada nacional. Cabe recordar que la propia Jefa del Área de Infraestructuras también propuso en fecha 29 de Noviembre la retirada del expediente a la vista de los informes de Intervención y de Secretaria.
Pese a los informes posteriores presentados por el gobierno municipal y gerente de Gespa, llegado el momento de la votación la Secretaría General presente en el Pleno se ratifica en las conclusiones de su informe señalando que "salvo la rectificación del importe del mes de diciembre, que se ha reducido a un mes, el resto del informe se mantiene en la forma en que ha sido emitido".
De todo ello se deduce que, pese a las advertencias de los habilitados nacionales, la encomienda fue aprobada por el Pleno haciendo caso omiso a la figura responsable del asesoramiento legal preceptivo, lo que entendemos supone una decisión arbitraria por parte de los concejales que apoyaron el acuerdo, que puede contravenir el ordenamiento jurídico además de suponer un perjuicio para los vecinos de Paterna.
