La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y la presidenta del PP de València, María José CataláLa presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha defendido este miércoles "el bilingüismo cordial y la libertad educativa frente a la Ley Celaá" y ha advertido de que el president de la Generalitat, Ximo Puig, "pretende expulsar el castellano de la enseñanza valenciana".
Bonig y la presidenta local del PP de València, María José Catalá, han firmado en la sede del partido el manifiesto de la Mesa por la Libertad en defensa de la libertad y para pedir la paralización de la ley.
Esta reforma de la ley educativa "supone la derogación de la educación especial y acabar con los centros especiales de educación, una enseñanza vital para unos niños con un déficit que requieren una atención especializada y profesional", y además "ataca a la alta inspección", ha afirmado Bonig.
"Aquí ya conocemos desde hace cuatro años la hoja de ruta de esta izquierda que quiere separar y dividir", ha indicado la dirigente popular, para quien la Comunitat Valenciana ha sido "el laboratorio de la izquierda para poner en marcha una reforma de quienes quieren utilizar la educación como elemento de ingeniería social y la lengua como elemento de confrontación".
Bonig ha destacado que Puig ya acumula "42 sentencias en contra de su política lingüística y educativa", por la eliminación de la demanda social en la elección de centro escolar y de escoger lengua.
"La expulsión del castellano como lengua vehicular se hizo en esta Comunitat y lo paramos en los tribunales gracias al PP, que interpuso los recursos para que el castellano y el valenciano coexistieran con total libertad", ha manifestado en un comunicado.
A juicio de Bonig, Puig "está engañando, y junto con Compromís pretende expulsar al castellano de la enseñanza", ante lo que ha pedido que las dos lenguas cooficiales se puedan emplear de manera indistinta.
El PP "es el partido de la defensa del bilingüismo cordial entre el castellano y el valenciano, de defensa de la educación concertada que también es pública, y la educación pública, de la educación especial, de la defensa de la profesional e independencia de la inspección", ha afirmado.
Para Bonig, la ley educativa "se tiene que parar", porque requiere "consenso, participación y diálogo", y por ello este partido la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, María José Catalá ha señalado que esta reforma "restringe la libertad de los padres en la educación de sus hijos y atenta contra pluralidad" del sistema educativo, al "atacar" el modelo de educación concertada y romper "la complementariedad" recogida en la Constitución.
"Ante los ataques a la libertad de los padres para elegir los centros educativos en los que se formen sus hijos, y ante la voluntad política de acabar con la educación concertada, no podemos permanecer impasibles", ha manifestado Catalá.
