La diputada del PPCV Beatriz Gascó. EFE- Juan Carlos Cárdenas-ArchivoLa portavoz de Educación del PP en Les Corts, Beatriz Gascó, ha pedido este sábado al president de la Generalitat, Ximo Puig, el "cierre inmediato" de la Oficina Lingüística y que cese "el permanente intento de catalanización de la sociedad valenciana por parte del Consell".
La diputada ha anunciado la presentación de una proposición no de ley para reprobar al conseller de Educación, Vicent Marzà, tras el nuevo "varapalo judicial", después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano haya anulado varios artículos del decreto de creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos.
"Hemos pedido en reiteradas ocasiones la dimisión del conseller nacionalista, pero no se va a ir porque está aquí para eso, 'per a fer país'. Lo increíble es que Puig, pese a las numerosas sentencias en su contra, que evidencian la catalanización de la Comunitat, aún no lo haya cesado", ha indicado en un comunicado.
Para Gascó, "la inacción de Puig, que ha abandonado la educación en manos de los nacionalistas a cambio de su apoyo, nos condena a padecer un conseller independentista que jamás ha renunciado a implantar aquí la hoja de ruta catalanista. Ante su pasividad, nosotros presentamos esta reprobación".
El conseller "sabía que este decreto era ilegal porque así se lo dijeron en su momento el Consell Jurídic y los propios órganos de Presidencia, pero le dio exactamente igual. Para Marzà es más importante aplicar un modelo secesionista que la seguridad jurídica. Antepone ideologías radicales a las garantías básicas de los ciudadanos", ha añadido.
La diputada ha afirmado que esta Oficina es "una copia de la Oficina de garantías lingüísticas creada en Cataluña" y que no están dispuestos "a consentir que se atropellen los derechos de los valencianos".
Los tribunales "han dicho que la política lingüística de Marzà no se ajusta a derecho, vulnera derechos personales, la libertad de los ciudadanos y ataca el ordenamiento jurídico", ha afirmado Gascó, y ha agregado que esa Oficina "no tenía ninguna garantía" para los ciudadanos.
"Era un decreto reprobatorio, que creaba un registro de buenos y malos, que no obedecía a ningún proceso administrativo y que vulneraba la ley de protección de datos e incluso la protección de menores", ha aseverado, y ha opinado que el objetivo era "estigmatizar a los valencianos que deciden hablar castellano y provocar una confrontación entre ciudadanos, como en Cataluña".
A su juicio, "nunca ha sido la Oficina Lingüística de derechos lingüísticos de los valencianos, sino de los derechos lingüísticos de Compromís, Escola Valenciana y Plataforma per la Llengua, las tres entidades que reivindican la creación dels Països Catalans".
Según ha dicho, el PP "ha sido el único muro de contención del catalanismo en la Comunitat Valenciana", y "la única garantía para defender los derechos lingüísticos de los valencianos".
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