El portavoz de Economía del PP, Rubén Ibáñez.El grupo popular de Les Corts Valencianes ha presentado una enmienda de totalidad al proyecto de ley del Juego al considerar que "se olvida de la lucha contra la ludopatía, es un texto impuesto y sin diálogo con el sector, y únicamente tiene un fin recaudatorio".
El portavoz de Economía del PP, Rubén Ibáñez, ha criticado que el texto que piden devolver al Consell es el mismo que se presentó la legislatura pasada -y que decayó con la disolución anticipada de Les Corts-, sin que se hayan incorporado las enmiendas que presentaron los grupos y se debatieron en comisión.
Ibáñez ha lamentado en un comunicado que el proyecto de Ley no recoge de forma específica "cuestiones de absoluta trascendencia", como la distancia entre salones de juego, ni contempla un programa de prevención, protección de la salud y el consumo que ayude y proteja a quienes se ven atrapados por las apuestas.
Ha admitido que la ley vigente es de 1988, por lo que el nuevo texto debe tener en cuenta su adaptación al entorno normativo sobre el juego y apuestas, además de contemplar los cambios tecnológicos, pero ha afirmado que el PP no comparte los principios y el espíritu que inspira esta iniciativa legislativa.
"Se ve claramente que el Consell carece de un criterio transversal para el sector en su conjunto, y además se crea un marco legal que no garantiza el principio de seguridad jurídica", ha señalado el parlamentario popular.
Según Ibáñez, el proyecto contempla medidas que suponen "una profunda planificación del sector, pero su inclusión no ha sido precedida del diálogo y consenso con los actores implicados".
Por ello, ha acusado al Consell de una "ausencia de diálogo e interés por la escucha activa", y de "imponer" una norma que "no refleja ni las necesidades y demandas sociales, ni las sectoriales".
Además, ha afirmado que "no responde" a las expectativas reflejadas en la exposición de motivos en cuanto al juego responsable, y que supone "un aumento desmesurado de la presión fiscal sobre el sector del juego y las apuestas", además de "una relajación del régimen sancionador sin argumentos ni análisis que la sustente".
Ibáñez ha concluido que se trata de un texto "impuesto por el Consell, que carece de una interlocución clara con los actores principales del sector afectado, elaborado de espaldas a las necesidades de la sociedad y que profundiza en la carga fiscal".
También ha considerado que "no combate sus incumplimientos con un régimen sancionador coercitivo ni acorde a la tributación al alza prevista" y que, tal y como está redactado el proyecto de ley, su finalidad es "únicamente recaudatoria".
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