La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo (c), recibe el aplauso del líder popular, Pablo Casado (d) y de la bancada del partido, en una imagen de esta semana. EFEEl PP ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que propone que el Estado arbitre, de forma inmediata, una línea de crédito no retribuida a favor de las comunidades autónomas por el importe de las cantidades adeudadas, para que puedan pagar los servicios públicos esenciales.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aseguró este jueves que ese dinero llegará "antes del 15 de diciembre", pero no desveló la fórmula para resolver el bloqueo de las entregas, al estar el Gobierno en funciones y con los presupuestos prorrogados.
Esos fondos pendientes ascienden a unos 7.200 millones de euros, entre las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación del IVA de 2017.
En un comunicado, la portavoz del grupo parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y el portavoz adjunto para asuntos económicos, Mario Garcés, denuncian la situación "insostenible" a la que el Gobierno ha abocado a las comunidades.
Agregan que su "deslealtad institucional" perjudica a todos los españoles en los servicios esenciales que reciben en sanidad, educación o dependencia.
En una proposición no de ley, proponen resolver esta situación a través de una línea de crédito no retribuida a favor de las autonomías por el importe de las cantidades adeudadas, "tanto por la actualización de las entregas a cuenta que el Gobierno tiene pendiente liberar, como por la liquidación del IVA pendiente".
Recuerdan que mecanismos similares ya fueron empleados "con éxito" por Ejecutivos del PP, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por lo que el actual "no puede oponerse a una medida de estas características".
Pide que se convoque "urgentemente" el Consejo de Política Fiscal y Financiera para, entre otros asuntos, buscar una solución definitiva que impida el bloqueo de las entregas a cuenta a las autonomías.
En la iniciativa, el PP denuncia una "falta de diligencia injustificable a la que se añaden las contradicciones, medias verdades y el uso partidista de las instituciones" con los que Montero "ha implicado, incluso, a la Abogacía del Estado".
"El GPP (grupo parlamentario popular), en cambio, propone soluciones frente al menosprecio y el abandono al que está sumiendo el Ejecutivo socialista a las instituciones públicas y al conjunto de los españoles", concluye.
