El PP recurre la Ley valenciana de Mancomunidades "por extender el separatismo"

El PP ha presentado hoy jueves, a petición de la Diputación de Alicante, un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Mancomunidades de la Comunidad Valenciana, al considerar que esta norma utiliza la educación "como arma" para "extender el separatismo catalán" a la comunidad.

En declaraciones a las puertas del TC, la portavoz adjunta del grupo parlamentario popular Belén Hoyo ha asegurado que con esta norma el PSOE valenciano y Compromís-Podem no han respetado el Estatuto de Autonomía de la comunidad y han "forzado" a los municipios a formar mancomunidades.

A su juicio, la norma es discriminatoria al distinguir dos tipos de mancomunidades y ha "impuesto" la relación que tienen que tener los municipios con las provincias, además de "quitarles competencias".
"Desde que empezaron la legislatura, tanto el PSOE como Compromís han intentado imponer su modelo en materia educativa por una parte, y por otra parte lo están intentando imponer también en materia de ordenación territorial", ha lamentado.

Según el PP, la Ley valenciana de Mancomunidades incumple los artículos 137, 141 y 149 de la Constitución, al tiempo que ha reprochado que el PSOE valenciano y Compromís estén intentando "imponer su modelo en materia educativa como ya lo hicieron en Cataluña".

Por su parte, el presidente de la Diputación alicantina, el 'popular' César Sánchez, ha aseverado que la Ley de Mancomunidades es "claramente inconstitucional" e intenta organizar "por la puerta de atrás" la Comunidad Valenciana de manera distinta.

Para Sánchez el PSOE y Compromís "son un riesgo para la convivencia, el orden constitucional, y la España de las autonomías" y por ello ha querido hacer un llamamiento a la sociedad civil para "sacar las garras del nacionalismo" en la Comunidad Valenciana.
"Somos valencianos, no somos catalanes", ha apostillado.

La Ley de Mancomunidades fue aprobada el 27 de septiembre de 2018 con el apoyo del PSPV-PSOE, Compromís y Podem, que calificaron la nueva norma como un "gran avance" en el municipalismo valenciano, y el voto contrario de PP y Ciudadanos, que opinaron que se trataba de "un proceso de comarcalización encubierta".