El grupo parlamentario popular ha logrado que prospere la enmienda que pedía que la desaladora de Sagunto se incluyera entre aquellas cuya puesta en marcha se pretende que no tenga coste alguno para los vecinos de esos municipios. Compromís había impulsado una proposición no de ley para incluir la entrada en funcionamiento de las depuradoras de Cabanes, Oropesa y Moncófar pero había dejado fuera la de Sagunto.
Alfredo Castelló, miembro del grupo popular en la comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes –y exalcalde de Sagunto– ha confirmado que "hemos transaccionado nuestra enmienda y vamos a tratar de que los saguntinos no tengan que hacerse cargo de los 65 millones de euros que supondría la puesta en marcha y mantenimiento de la desaladora que impuso el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con el voto cómplice de Compromís e Izquierda Unida en Sagunto".
Castelló ha recordado que "el Plan Agua fue un trágala para muchos ayuntamientos y se querías generar actividad económica el Gobierno socialista te obligaba a poner una desaladora en tu vida". Aquello fue "un capricho político" ha lamentado, y "si ahora se han dado cuenta del error les damos la bienvenida al sentido común".
Sagunto, ha analizado Castelló, "tiene 3 hectómetros cúbicos de aguas superficiales del río Palancia que van al mar –más allá del caudal ecológico–, además tiene 3 hectómetros cúbicos depurados que no se utilizan todavía para la agricultura y 30 hectómetros cúbicos al año (de los que sólo se utilizan 7) que están garantizados por ley después de la reconversión".
A estos aportes hídricos habría que sumar "los pozos municipales de abastecimiento que no se usan y que suponían otros 6 hectómetros cúbicos anuales hasta el año 2002, fecha en la que se comenzó a usar agua del Júcar".
Frenar la subida del recibo del agua
Es por ello, ha proseguido, que "con esas alternativas hídricas que garantizan los recursos en la localidad se les ocurrió hacer una desaladora en una prueba del despilfarro de las políticas que practica el PSOE y de las que Compromís e Izquierda Unida fueron cómplices con la firma del convenio".
Ese convenio sería "lesivo" para los intereses de los saguntinos que verían como la factura del agua se incrementaría "hasta en un 50%" y eso, ha explicado Castelló "hay que evitarlo a toda costa". Tratamos de "garantizar el metro cúbico al que tenemos derecho los saguntinos por ley y del que solo se está usando la cuarta parte".
El agua procedente de la desaladora no debería contemplarse hasta que "los costes asociados no fueran repartidos de forma solidaria en el conjunto del sistema hidrológico nacional o en el conjunto de sistemas de explotación de la Confederación del Júcar", ha finalizado.
