La presidenta del PPCV, Isabel Bonig. EFE-ArchivoEl Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este martes una resolución por la que se somete a información pública el proyecto de modificación de la Ley de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos, de la Generalitat.
"Qué casualidad" que esa modificación se plantee "en pleno debate sobre si debía o no abstenerse el president de la Generalitat en ese Consell que aprobó el decreto" que permitió la quita de duda al Grupo Zeta, del que Puig es accionista a través del diario Mediterráneo, ha planteado Bonig.
A su juicio, este cambio normativo en este momento es "sospechoso" y por ello, ha afirmado que desde el PP no acusan a nadie pero sí quieren "responsabilidades políticas y explicaciones".
Fuentes populares han señalado que la resolución publicada este martes plantea tres modificaciones, entre ellas, "la regulación de la infracción que podría haber cometido el president de la Generalitat al mentir en su declaración de bienes".
"Ahora para que sea considerada infracción muy grave ya no basta con presentar una declaración falsa, ahora añaden que sea deliberadamente falsa", ha indicado.
Asimismo, han destacado que la propuesta de modificación añade "más requisitos para que la Oficina de Control de Conflicto de Intereses pueda iniciar su labor inspectora, haciendo más fácil justificar que no actúe en determinados casos".
Por último, han añadido las mismas fuentes, se modifica el ámbito de aplicación de la ley, que hasta ahora se aplicaba a todos los altos cargos que fueran nombrados por el Consell y ahora se añade que, "además de ser nombrados por el Consell, deberán tener funciones directivas o ejecutivas".
Por otra parte, la dirigente popular ha criticado que la Conselleria de Transparencia no haya publicado todavía en el Portal de Transparencia los "cuatro documentos que pidió el PP" relacionados con la operación de quita de deuda al Grupo Zeta.
En concreto, han pedido el acuerdo de financiación sindicado de 2005 por el que se daba ese crédito al Grupo Zeta, todas las modificaciones posteriores, el acuerdo marco de financiación de julio de 2017, y todos los informes del expediente de quita de 1,3 millones al citado grupo editorial.
"Han pasado 24 horas y la Conselleria sigue sin publicar estos documentos que son públicos y que ha solicitado el PP. Si no hay nada que esconder, ¿por qué esperar a septiembre?", ha preguntado Bonig.
