María José Ferrer San-SegundoEl Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), ha anunciado que promoverá la implantación de la figura de 'Coordinador de Parentalidad' como apoyo especializado en los Juzgados de Familia, para resolver los conflictos paternofiliales tras las sentencias de separación o divorcio.
Por ello, la portavoz de Justicia en el Grupo Parlamentario Popular (GPP), María José Ferrer San-Segundo, ha presentado una iniciativa en Les Corts para impulsar una figura, de "profesionales especializados en asistencia y colaboración de los jueces", que pretende "preservar y mejorar las relaciones parentales, así como las de los progenitores con sus hijos menores en casos de cese de la convivencia, ruptura afectiva, disolución del vínculo matrimonial o de la unión de hecho".
"Hay que intentar desjudicializar y pacificar los conflictos familiares: es lo más aconsejable para las parejas, e hijos, afectados; y además, esta propuesta, agiliza los tiempos de respuesta y reduce los costes de la Justicia como servicio público", ha explicado. "El PP siempre va a estar con las familias, especialmente en las situaciones críticas, y amparando el bienestar de los menores".
San-Segundo ha recordado que se trata de una fórmula avalada por el Tribunal Supremo, contemplada en el Derecho anglosajón y desarrollada, aún como 'experiencias piloto', en distintas sedes judiciales de España. "Se trata de pacificar las relaciones parentales y paternofiliales tras el cambio producido por la ruptura o el cese de la convivencia, normalizarlas, y hacerlas menos conflictivas, e incluso más beneficiosas, para todos los afectados, mediante la adaptación a cada caso concreto y procurando una leal colaboración de los implicados", ha señalado la diputada
Ferrer San-Segundo ha resaltado que "en el PP estamos atentos a los mecanismos novedosos que se van proponiendo, para promover, y respaldar, que lo que surge de la sociedad y los profesionales especializados, se incorpore al impulso ejecutivo y legislativo. En este caso, hay acuerdo unánime de la Junta de Jueces del Decanato de Valencia sobre la idoneidad de la figura, y de hecho se está desarrollando un programa piloto, que apoyamos".
La utilización de la Coordinación de Parentalidad "en casos de grave conflicto, evitando una intervención continuada de los tribunales", tiene incidencia, por tanto, "no solo en la solución de conflictos privados, sino también en la mejor utilización de los recursos públicos, al reducirse los costes judiciales tanto para las partes como para la Administración de Justicia", ha señalado Ferrer San-Segundo.
Por todo ello, la iniciativa del GPP plantea "analizar los antecedentes y ventajas de implantar la figura del 'Coordinador de Parentalidad', así como sus parámetros y alcances", así como proveer a la Administración de Justicia de la Comunitat de "todos los medios materiales, humanos, técnicos y logísticos para su aplicación práctica en óptima condiciones en todas las sedes judiciales de nuestro ámbito, estableciendo un cronograma progresivo de implantación y evaluando los resultados de la medida, bajo continua supervisión judicial".
Asimismo, el GPP propone, de un lado, "adoptar medidas para la efectividad de dicha intervención, de modo que pueda acordarse y contarse con este instrumento en ejecución de sentencias, con carácter temporal salvo que el juez la prorrogue fundadamente"; y de otro, además, "dictar las normas pertinentes" en los respectivos ámbitos de competencia, para "reforzar el marco legal de esta figura, determinar su alcance e impulsar su eficacia."
"La ruptura de las relaciones afectivas produce tensiones, que se extienden a los hijos comunes. Una vez establecidas las medidas familiares para regular las relaciones en el futuro, es necesario hacer pedagogía del entendimiento, y acompañar a los implicados, para incorporar aquellas pautas a su nueva vida, ajustarlas hasta que funcionen adecuadamente, y cumplirlas con la menor conflictividad posible" - ha concluido Ferrer San Segundo.
