El abogado Enrique Vila. EFE-Archivo
En la sentencia, la Sección Séptima de la Audiencia madrileña le considera responsable de todos los delitos -detención ilegal, suposición de parto cometidos por facultativo y falsedad en documento oficial- pero le absuelve de todos ellos al determinar que el inicio de la prescripción tuvo lugar en 1987, cuando Madrigal cumplió la mayorÃa de edad.
"No me lo esperaba, pues la Audiencia Provincial madrileña, hasta ahora, era de las que no aplicaba el criterio erróneo de la prescripción", señala el abogado valenciano, quien a los 23 años de edad, cuando su padre estaba muriendo de cáncer, encontró por casualidad su demanda de adopción y emprendió entonces un camino para buscar a su madre biológica.
También expresa su pesar por "todas las vÃctimas, que ven rota parte de sus esperanzas", señala en un comunicado que ha hecho público poco después de conocerse los primeros detalles de la sentencia, que tacha de "grave error" y espera que el Tribunal Supremo, ante el que cabe presentar recurso de casación, "rectifique".
"Siento vergüenza de ser jurista español", añade para recordar que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU abrió en julio, por primera vez en España, un procedimiento de investigación en un caso individual de bebé robado tras la queja presentada en 2017 por un matrimonio residente en Navarra al que supuestamente robaron a su hijo al nacer en 1985.
"Seguimos adelante", señala Enrique Vila, quien en enero de 2011, como abogado de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), destapó esta práctica con la presentación ante la FiscalÃa General del Estado de unos 400 supuestos casos de "hijos robados" entre las décadas de los 20 y los 90 del pasado siglo en clÃnicas privadas y públicas de toda España.
