El presidente nacional del sindicato CSI·F, Miguel Borra, se reunirá este viernes con el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues. En esta entrevista, el máximo responsable de la central sindical transmitirá su preocupación por las polÃticas lingüÃsticas de la Generalitat y pedirá al delegado que garantice la protección de los empleados públicos de las diferentes administraciones frente a imposiciones.
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) acudirá a la sede autonómica de Delegación del Gobierno para dialogar sobre diferentes aspectos relacionados con la situación de los empleados públicos valencianos. Además de transmitirle la necesidad de una mayor oferta de plazas en las diferentes administraciones para cubrir vacantes y acabar con la alta tasa de interinidad, le expondrá su preocupación por la polÃtica lingüÃstica.
Miguel Borra insistirá al máximo representante del Estado en la Comunidad Valenciana que vele por el escrupuloso cumplimiento de la legalidad en medidas como el decreto de usos institucionales y administrativos del valenciano, anunciado por el Consell sin negociación previa con los sindicatos. Esa normativa altera las condiciones laborales de los empleados públicos, pues les obliga a redactar sus comunicaciones en valenciano y a dirigirse al usuario primero siempre en la lengua autóctona, a pesar de que también el castellano es oficial. En cambio, exime de esa obligatoriedad a los cargos públicos.
El presidente nacional de CSI·F trasladará también sus dudas sobre el decreto 9/2017, de 27 de enero, que establece el modelo lingüÃstico educativo. El sindicato lo ha recurrido y el TSJ ya ha reconocido, en un primer auto, su legitimación para interponer recurso. La central sindical argumenta vulneración del derecho a la igualdad y trato discriminatorio para aquellos centros que opten por el nivel básico, cuyos alumnos no obtendrán certificación en inglés.
Borra expondrá igualmente el recurso interpuesto por CSI·F, y admitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, contra la Generalitat por ser obligado a abandonar una reunión a la que habÃa sido citado. En esta convocatoria, Conselleria acordó la imposición del requisito lingüÃstico en Administración del Consell, tal como habÃa pactado con tres sindicatos, en lugar de aplicarlo como mérito, medida que reclama la central sindical.
