Imagen de archivo del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso RusLa juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra las 26 personas acusadas en las piezas separadas B y F del caso Imelsa, en relación a las contrataciones irregulares (trabajadores zombis) de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.
Entre ellos figuran el que fuera presidente de la Diputación de Valencia y del PP de esta provincia Alfonso Rus; el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y los ex diputados provinciales Rafael Rubio (PSPV-PSOE) y Salvador Enguix (PP).
La instructora abre juicio por delitos de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de malversación, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos por funcionarios públicos.
En el caso de Rus y Caturla la acusación se concreta por malversación, prevaricación y falsedad en su modalidad continuada, además de pertenencia a organización criminal.
Para el resto, incluido el ex concejal socialista y exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio, la acusación es por los mismos delitos excepto el de pertenencia a organización criminal.
En el auto, hecho público este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se señala como órgano para el enjuiciamiento de la causa la Audiencia Provincial de Valencia y requiere a los acusados para que presenten fianzas que suman en su conjunto más de 3,8 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.
El pasado mes de febrero este juzgado acumuló la pieza de B, relativa a las contrataciones supuestamente ficticias y simuladas en la empresa Imelsa, la actual Divalterra de la Diputación de Valencia, y las de la pieza F sobre las contrataciones también supuestamente irregulares en la empresa Ciegsa, de la Generalitat.
De las diligencias practicadas en ambas piezas se evidencia, a juicio de la instructora, la existencia de un nexo común y de un "interés único en obtener por los investigados un beneficio propio utilizando empresas públicas para ello".
