El PSOE de Mislata denuncia que "el PP está llevando al caos económico a Mislata e incumple la ley al no revisar el plan de saneamiento por dejadez y despreocupación con la intención de seguir derrochando el dinero de todos y ocultar la verdad a los ciudadanos".
La mala gestión de Corredera, explican desde el partido, "obligará al ayuntamiento de Mislata a revisar por séptima vez el plan de saneamiento económico financiero para evitar la quiebra del ayuntamiento a la que nos tiene abocados el PP de Mislata".
"Si primero aprobaron un plan de saneamiento para subir los impuestos a los ciudadanos de forma exagerada (aumentaron el IBI un 45% de media), después para pagar a Lubasa sobrecostes de 5 millones de euros, ahora lo tendrán que modificar nuevamente para sanear la enorme deuda que tiene el ayuntamiento de Mislata, por el gasto sin control que no cesa, sumado al fracaso de la polÃtica de aparcamientos de la que se ingresará 5,5 millones menos de lo previsto y la sentencia que le obliga a pagar a FCC más de 4,7 millones de euros por dejadez y desidia del equipo de gobierno del partido popular", continúan relatando las mismas fuentes.
Los socialistas afirman que "no vamos a tolerar que el PP vuelva a subir los impuestos a los ciudadanos por la mala gestión y los fracasos permanentes" y aconsejan al PP que"lo que deberÃa hacer inmediatamente es sanear el ayuntamiento, dejar de despilfarrar el dinero, disminuir los gastos injustificados e innecesarios, aprobar urgentemente un plan de austeridad, modificar el plan de saneamiento y cumplir con todo"
Los socialistas acusan al PP de "llevar a Mislata al caos económico e incumplir la ley para que los ciudadanos no sepan la verdadera situación económica en la que está Mislata". De hecho el RD 1463/2007 desarrolla el reglamento de estabilidad presupuestaria que deben cumplir todas las entidades públicas, este real decreto es el que obligó al PP en el año 2007 a realizar el plan de saneamiento, al existir durante 3 ejercicios remanentes negativos de tesorerÃa. En ese mismo RD se obliga también a que se emitan informes por la intervención municipal para la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad.
