El Gobierno socialista de Aldaya ha dado hoy, por primera vez en toda la legislatura, la razón al Partido Popular al anular el acuerdo adoptado por los socialistas durante el pleno del pasado 29 de marzo, consistente en la aprobación de un pliego de condiciones para urbanizar el sector PPA, conocido como La Pedrota.
El Partido Popular había interpuesto un recurso al considerar que éste expediente no sólo no ajustaba a derecho, sino que además no contemplaba ninguna previsión de fondos para hacer frente a los más de 11 millones de euros que cuesta la obra, si se ocasionara algún problema.
Dentro del recurso, los populares señalaban que faltaban tanto el informe de la secretaria como de la interventora, dos documentos necesarios a incluir dentro del expediente. De hecho, la secretaria ha declarado la nulidad de pleno derecho del acuerdo, "por falta de procedimiento" y ha recomendado "retrotraer el expediente al momento previo de la aprobación plenaria del 29", es decir, que el proceso vuelve al estado inicial y previo al pleno.
La interventora reconoce también que para que el expediente este completo también era necesario su informe de intervención y por tanto el acuerdo plenario "resulta nulo por la falta del documento que acredite la existencia del crédito adecuado y suficiente para el gasto proyectado, y por la falta del correspondiente Informe de Intervención sobre la fiscalización del expediente".
De hecho, la interventora señala que, aunque era consciente de que este punto se iba a llevar al pleno del mes de marzo, no se respetó el plazo de diez días que tiene la interventora para realizar su informe, porque se le entregó el expediente el 28 de marzo, un día antes del pleno.
Ante todos estos hechos, "el Gobierno socialista se ha visto obligado a darnos la razón, dando una vez más muestras de cómo gestionan este Ayuntamiento" y añaden que "aún así, todavía estamos esperando que nos enseñen los informes tanto de la secretaria como de la interventora, porque el problema de fondo sigue ahí y es que continúan existiendo irregularidades en el expediente y no hay ninguna consignación económica", afirma la portavoz popular, Carmen Jávega.
Para los populares la actitud demostrada por los socialistas y en concreto por el concejal de Urbanismo, Francesc Ferrer, "sólo busca desviar la atención e intoxicar porque argumentan que es porque queremos impedir el desarrollo del colegio número cinco y VPO, y eso no es cierto, porque todos queremos que se construyan colegios, que Aldaya prospere y que nuestros ciudadanos tengan a su alcance todo tipo de servicios", pero "no toleraremos ni que se cometan ilegalidades ni que empeñen nuestro pueblo", afirma la portavoz popular.
El PSOE reconoce que aprobó el pliego aún a sabiendas de que no era legal
Además, Carmen Jávega ha señalado a Ferrer que él mismo reconoció en el pleno anterior que este expediente no tenía nada que ver con la construcción del colegio número 5, "pero como no tienen argumentos utilizan este", es más, durante la sesión de hoy Francesc Ferrer ha indicado que en el pleno anterior reconoció que faltaban los citados informes, por lo que Jávega ha señalado que "esto no es cierto, porque además está grabado y es fácilmente comprobable", pero aún así si eran conscientes de que estaba incompleto, Jávega se pregunta "porqué se aprobó el pliego aún a sabiendas de que no era legal".
En esta línea Carmen Jávega ha indicado al edil de Urbanismo que "si el Partido Popular no tuviera razón, no nos la habríais dado, pero en su momento preferisteis seguir adelante, cuando lo que teníais que haber hecho era dejarlo sobre la mesa hasta que estuviera todo correcto".
Desde el Partido Popular de Aldaya afirman, que aunque el equipo de Gobierno solo ha contemplado la estimación parcial de su recurso, "si comprobamos que cuando se vuelve a llevar a pleno no están subsanados todos los errores, realizaremos todas las acciones que consideremos oportunas, porque para nosotros lo primero son los intereses de los ciudadanos de Aldaya".
Entre las alegaciones, que de momento y a espera de estudiar los informes de secretaría e intervención, han quedado sin respuesta por parte de los socialistas se encuentran el incumplimiento la LUV en concreto el artículo 128.3, y la Ley de contratos del Sector Público concretamente la Disposición adicional II y el art 93, la previsión de fondos, la confusión entre la figura del urbanizador y el constructor, así como la posibilidad de abonar los terrenos de una forma mixta es decir, combinando la permuta de suelo con el recibo de efectivo.
