El PSPV de Llíria ha denunciado que el ayuntamiento de la localidad, que preside el alcalde, Manuel Izquierdo, del Partido Popular, «ha sacado a subasta pública un terreno embargado a unos particulares por un valor de 1'1 millón de euros que permitirá cobrarse una deuda que estos vecinos mantenían desde hace meses con el agente urbanizador por un valor total de 478.975 euros».
Los terrenos que se subastarán, según los socilistas, «tienen una consideración urbana, ocupan una extensión total de 3.744 metros cuadrados, están situados en el paraje de la Closa, en el sector ST-1 de la salida de Benissanó y sobre ellos pesan unas cargas económicas cifradas en 73.185 euros por cuotas de urbanización que están pendientes de pago por parte de los propietarios. La cifra fijada, finalmente, se ha establecido en 1'1 millones de euros al descontarse las cargas urbanísticas».
Los responsables del PSPV añaden que «los cinco titulares de una familia que poseen la propiedad de los 3.744 metros cuadrados han perdido sus terrenos al verse incapaces de afrontar el pago de las cuotas relativas a las obras de urbanización. La actual ley urbanística valenciana (LUV), auspiciada por el Partido Popular, permite legalmente al ayuntamiento a actuar como agente recaudador a instancias de la empresa urbanizadora como en este caso con el objetivo de obtener liquidez para saldar el débito».
El portavoz municipal del PSPV de Llíria, José Luis Pérez, ha cargado contra "la falta de liderazgo" del alcalde de la localidad "por su incapacidad para afrontar la grave situación que las decisiones del Partido Popular están afectando tanto a los propietarios como a los agentes urbanizadores; la actitud de este equipo de gobierno es deleznable porque en lugar de apostar por la vía del consenso y el diálogo para deshacer los entuertos de su política urbanísticas prefieren arruinar a las familias afectadas".
Pérez prosigue y mantiene que «entre los programas de actuación integrada afectados por las políticas urbanísticas del Partido Popular cabe destacar Edeta, Verge de Sant Miquel, UE-1 y el plan ST-1 lindante con Benissanó. La situación ha propiciado que en algunos casos las cargas urbanísticas derivadas de la ejecución de los mismos supera con creces el valor de los inmuebles y las propiedades».
El PSPV de Llíria recuerda que, actualmente, «existen decenas de familias y propietarios de terrenos y naves industriales que en los últimos años en esta zona han tenido que vender las tierras, endeudarse o, directamente, arruinarse porque no pueden afrontar el proceso de reparcelación de este programa urbanístico que se ha ejecutado en un momento económico en el que muchas de esas personas no pueden pagar; además, se trata, en muchos casos, de sumas de dinero inaccesible para muchos de los propietarios sin que el PP haya tenido la más mínima compasión".
El portavoz socialista, por último, ha censurado el comportamiento del alcalde "en situación de paradero desconocido durante los últimos años por la actual situación generada por las decisiones a todas luces inapropiadas de este equipo de gobierno que decidió llevar a cabo planes urbanísticos sin tener en cuenta que el momento económico no era el más idónea para las empresas y particulares propietarios de los terrenos afectados por los mismos".
