El PSPV denuncia a la alcaldesa de Catarroja ante la Fiscalía Anticorrupción

El grupo municipal socialista de Catarroja ha denunciado a la alcaldesa, Soledad Ramón, ante la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, al considerar que se han cometido varios presuntos delitos en el alquiler, por parte del Ayuntamiento, del local en el que se halla el centro de especialidades médicas de la población, tales como prevaricación y fraude, además de exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. La denuncia se extiende asimismo al teniente de alcalde, Rafael Sanchis, como supuesto implicado en los hechos que se denuncian.

Un informe del propio tesorero del Ayuntamiento advierte que una cláusula del contrato de alquiler de dicho local es nula, porque el Ayuntamiento no puede eximir al arrendador, como así se indica en ella y se está haciendo, del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de la tasa de la recogida de la basura. Por ello, el grupo socialista exigió que se anulara el contrato, pero la alcaldesa y los concejales del PP se opusieron.

"Contrarios al ordenamiento jurídico"

El portavoz socialista, Alberto Gradolí, ya señaló en su día la existencia del citado informe del tesorero municipal, que, curiosamente, no estaba incluido dentro del expediente cuando los concejales del PSPV tuvieron acceso al mismo, el cual indica que "la cláusula sexta apartado D del contrato de arrendamiento firmado es nula de pleno derecho, ya que el Ayuntamiento no puede ser sujeto pasivo de los tributos que se indican, por lo que no procede la bonificación, exención ni devolución al ser contrarios al ordenamiento jurídico".

Los socialistas han destacado al respecto que "la existencia de esta cláusula dentro del contrato obliga a pagar el IBI y la tasa de basura al arrendatario, es decir, al propio Ayuntamiento, y como éste no la puede pagar por ser el beneficiario, conlleva que al propietario y arrendador del local, familiar del teniente de alcalde, Rafael Sanchis, se le esté dispensando de pagar dicho impuesto y dicha tasa todos los años, perjudicando así los intereses del Ayuntamiento y el de todos los vecinos y actuando en contra de la ley".

Otras presuntas irregularidades

Los socialistas encontraron otras presuntas irregularidades. "El contrato fue firmado por una familiar del actual primer teniente de alcalde, Rafael Sanchis, cuando no era aún propietaria del local y, según la información registral consultada, no tenía tampoco entonces poderes para hacerlo. Además, el contrato se adjudicó oficialmente por el Ayuntamiento casi tres meses después de que se firmara y sin el obligatorio informe técnico o jurídico previo que lo avalara".Por otro lado, el PSPV califica de "escandaloso que, en la tramitación de este contrato, aparezca una empresa intermediaria, regentada por la misma familia que la firmante, la cual cobra comisión por su mediación".