El diputado provincial socialista representante del Consorcio de Bomberos, Ramón Marí, ha denunciado hoy que la Generalitat Valenciana debe más de 26 millones de euros a esta entidad. Por ello, los representantes socialistas han votado hoy en contra de los presupuestos del consorcio al considerar que "son una farsa y una mentira". De esta manera, Marí ha lamentado que "los bomberos se están jugando la vida apagando fuegos y, sin embargo, nadie les ofrece garantías de que seguirán cobrando el sueldo a partir de agosto". De hecho, ha criticado que en el presupuesto se contemplan dos millones de euros para inversiones y "se especifica que no van a poder estar disponibles, seguramente porque saben perfectamente que la Generalitat no va a pagar", ha apuntado Marí.
Ante esto, el diputado provincial ha lamentado que el Consell se justifique diciendo que "son momentos complicados" porque, según ha recordado, "en tiempo de vacas gordas tampoco se pagaba ni un euro, por eso, se arrastra esta deuda que está enterrando y ahogando al Consorcio de Bomberos".
PUESTOS DE CONFIANZA
Por otra parte, los socialistas también han votado en contra de la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP), ya que, según ha denunciado el diputado provincial, Bartolomé Nofuentes, "se mantienen los puestos de confianza en el Consorcio de Bomberos cuando tienen congeladas las partidas de recursos materiales y humanos". Así, el presidente tiene cinco asesores de confianza, por lo que, a su juicio, "se les debería caer la cara de vergüenza dada la situación económica actual y, lo que es todavía más sangrante, que las partidas destinadas a mejorar los recursos materiales y humanos con los que cuenta el Consorcio Provincial de Bomberos están congeladas". Nofuentes ha incidido en que "estos puestos no son necesarios en este momento" y ha lamentado que "mucho menos con la que está cayendo y cuando el PP votó en contra recientemente la propuesta que en el grupo socialista llevamos al pleno de la Diputación para crear un Plan de Empleo provincial dirigido a los municipios de menos de 20.000 habitantes para aliviar las elevadas cifras de paro, que aquí son mayores que en el resto de España por la nefasta gestión de la Generalitat durante los 17 años de gobierno del PP".
