El
PSPV-PSOE ha vuelto a ser tajante respecto a la situación
comprometida del secretario general del Ayuntamiento, José Antonio
Sancho Sempere, al que el fiscal le pide 9 años de prisión por los
presunÂtos delitos de cohecho y malversación de caudales
públicos en el Consistorio de La Pobla de Farnals, asà como también
propoÂne la disolución de la Academia Valenciana de Juristas
(AVJ), que el Ministerio Fiscal considera que es de Sancho. Su lÃder
loÂcal, Pere Antoni Chordá, ha trasladado al alcalde, Leandro
Benito, la necesidad de que Sancho deje su cargo de forma cautelar
hasta que haya sentencia y recuerda que en otros casos menos graves
se actuó de igual manera. Además, pide la rescisión del contrato con la AVJ.
''En
el PSPV Canet creemos que es neÂcesaria una reflexión polÃtica
sobre las conÂsecuencias que estos hechos pueden tener en el
funcionamiento normal y regular de nuestro Ayuntamiento. Dada la
especial posición jurÃdica y organizativa que ocupa el secretario
en los Ayuntamientos, con la finalidad de garantizar la mayor
protección a los derechos de todos los vecinos del pueÂblo, todo
ello con independencia de la traÂmitación del procedimiento
judicial y con el mayor respeto a la presunción de inocencia que
merecen los ciudadanos, incluido el seÂcretario de nuestro
Ayuntamiento'', señala.
''Creemos
que el equipo de gobierno del PP como responsable polÃtico no puede
desconocer estas nuevas circunstancias, que suponen que el
secretario, máximo resÂponsable jurÃdico y técnico del
AyuntamienÂto, siga ejerciendo hasta que se resuelva el
procedimiento judicial'', señala y añade: ''Por ello, el
alcalde tiene la responsabilidad de abrir un expediente informativo
sobre las posibles actuaciones que en aplicación de la ley deberÃan
adoptarse, pudiendo reÂcordarle que en otros casos recientes (de
otros trabajadores de la casa) de menor transcendencia, el alcalde no
dudó susÂpender de empleo y sueldo al funcionario, a pesar de
que hasta la fecha no ha quedado acreditada ninguna responsabilidad y
a peÂsar también del coste económico que ello puede suponer''.
''En
este análisis, debe estudiarse adeÂmás por el Ayuntamiento, la
posibilidad legal de revisar la prórroga de la jubilación del
secretario, solución que también este podrÃa adoptar en beneficio
de los vecinos de Canet, ya que de esta forma se resolverÃa el
problema planteado con independencia del procedimiento judicial'.
Referéndum
''Creemos
por otra parte que podrÃa ser aconsejable recabar cuál es la
opinión de los vecinos (referéndum), y que estos vaÂloren si la
postura que está adoptando el equipo de gobierno ante esta situación
es la deseada por ciudadanos de Canet. También es importante
recordar que en otros casos de mucha menor importancia sà que
soliciÂtó la opinión de los vecinos realizando una consulta,
por ejemplo en el caso del nomÂbre del nuevo colegio'',
prosigue.
''El
equipo de gobierno está para atenÂder y resolver los problemas,
posicionánÂdose por el interés de todos los vecinos y dando una
respuesta necesaria a la altura de cada caso, y en este caso creemos
que no puede esconderse tras el debido respeto a la actuación
judicial, que no tiene nada que ver con la nueva situación polÃtica
generada en nuestro Ayuntamiento'', añade.
''En
segundo lugar en relación con la entidad Academia Valenciana de
Juristas, de la que el fiscal solicita su disolución, la cual tiene
contratado desde hace años el asesoramiento jurÃdico de nuestro
AyuntaÂmiento con un coste relativamente imporÂtante. Creemos
que el equipo de gobierno debe analizar la nueva situación y en
conÂsecuencia resolver suspender el contrato actualmente vigente,
abriendo un nuevo concurso para la adjudicación de dicho
aseÂsoramiento con la mayor transparencia y publicidad posible'',
señala.
''Por
otra parte, también reiteramos que siempre estaremos a favor de la
máxima transparencia en la gestión de los intereses del pueblo y a
favor también de la aplicación de la ley con el máximo rigor, sea
quien sea el responsable de su incumplimiento y caiÂga quien
caiga'', concluye.