Así lo ha explicado la diputada y portavoz de Igualdad, Modesta Salazar, quien ha apuntado que "no hay necesidad de cambiarla, porque el 76% de la población quiere que se deje la ley de plazos como está; es una de las leyes más avanzadas y seguras de Europa y está consiguiendo disminuir el número de abortos, casi el 10% en la Comunitat Valenciana, pese a que las políticas de la Generalitat no apuestan por la prevención y la educación sexual".
Por tanto, Salazar ha asegurado que esta nueva ley "no va a gustar a nadie: ni a los obispos, ni a las mujeres, ni a los profesionales que tienen que vigilar su cumplimiento". Por eso, ha insistido en que "queremos que se retire este anteproyecto, porque anula los derechos de las mujeres, antepone un falso dilema que debe ser resuelto por cada persona según su conciencia" y ha recordado que la actual ley de plazos "no obliga a nadie a abortar, ni tampoco a ser madre, como sí hace la ley planteada por el ministro Gallardón" (que despenaliza en dos supuestos: violación y malformación grave que conlleve menoscabo para la salud de la mujer).
Para la diputada socialista "con la ley de Gallardón las mujeres dejan de decidir sobre su vida, y lo harán en su lugar jueces, médicos y psiquiatras, por lo que agrava el sufrimiento de las mujeres durante la gestación". Salazar asegura que "si sigue adelante este anteproyecto convertirán el embarazo en un infierno, en el que harán a la mujer sentirse culpable y sólo podrá salvarse de esta situación si le certifican que está al borde de la locura, algo que los psiquiatras tampoco ven claro".
Según ha recordado, la OMS asegura que las leyes restrictivas del aborto aumentan la mortalidad materna. Por ello, Salazar afirma que "estamos ante una reforma ideológica, como tapadera de la crisis, que esconde una ley machista y retrógrada, que aumentará las desigualdades entre mujeres, ya que, las que se lo puedan permitir realizarán 'turismo abortivo' en Londres o Portugal y las que no puedan recurrirán a la clandestinidad, con la inseguridad física y jurídica que ello conlleva".
Ante esto, Salazar ha hecho un "llamamiento muy especial a las mujeres diputadas del PP, para que reflexionen sobre cómo esta ley anula la capacidad de decidir de las mujeres y las victimiza, y en los dramas sociales que conllevará la aplicación de esta ley misógina, tomada por hombres, cuya principal argumentación es la modificación del código penal y de la ley de enjuiciamiento civil".
Por todos estos motivos, ha insistido en que "vamos a pedir al pleno de les Corts que apoye esta proposición para que se retire este despropósito absoluto que es la ley orgánica del ministro Gallardón".
