El PSPV de Llíria ha solicitado la dimisión del alcalde
de la ciudad, Manuel Izquierdo, y de la concejala de urbanismo, Remedios
Mazzolari, ambos del Partido Popular, a la raíz de las investigaciones de la
Guardia Civil en las que acusa a ambos de varios presuntos delitos de
prevaricación en relación al funcionamiento de una gravera en suelo protegido y
en la falta de penalización a una empresa constructora que no entregó las obras
de un programa de actuación integrada (PAI) en el plazo establecido.
El candidato
socialista a la alcaldía de Llíria, Manuel Civera, considera que "llueve sobre mojado" en los
asuntos urbanísticos de la capital del Camp de Túria "en una ciudad en la que existen diversos asuntos sobre los que se
ciernen veladas acusaciones y presuntas irregularidades que no hacen sino
paralizar y frenar el crecimiento económico en el que ahora más que nunca las
empresas y el tejido social e industrial necesitan el apoyo de su ayuntamiento
cuyo equipo de gobierno, además, está más pendiente de las luchas internas para
decidir el cabeza de cartel para las próximas elecciones municipales de mayo
que de la gestión diaria".
Las
investigaciones de la Guardia Civil se iniciaron a raíz de una denuncia en la
Fiscalía Anticorrupción sobre diversas presuntas irregularidades urbanísticas
en el término municipal. Por un lado, la recalificación por parte del
Ayuntamiento de Llíria de una parcela sobre la que se asienta la actividad de
una empresa dedicada a la extracción de áridos sobre suelo protegido en zona
inundable. Al carecer de permiso para su actividad, el informe de la Guardia
Civil considera que el alcalde y la concejala podrían incurrir en presunta
prevaricación al no haber actuado en consecuencia.
Por otra
parte, el otro eje de la investigación se centra en el PAI UE47-La Cima cuyas
viviendas carecen de los mínimos servicios básicos de alcantarillado, alumbrado
público y red de agua potable. La empresa encargada de las obras de
urbanización recibió la adjudicación en el año 2011 pero no cumplió los plazos
previstos en el pliego de condiciones para finalizar las obras. Sin embargo,
paradójicamente, el ayuntamiento no aplicó las penalizaciones económicas y
sanciones previstas para este tipo de casos, ni tan siquiera se le incoó el
pertinente expediente sancionador.
El PSPV
de Llíria ha solicitado la dimisión de ambos dirigentes "a la vista de estos hechos tan graves para la vida política y
urbanística de esta ciudad lastrada durante toda esta legislatura por las
anomalías, problemas y presuntas irregularidades urbanísticas que se han
sucedido a lo largo de estos últimos años sin que el alcalde y la concejala
hayan enmendado esta situación tan negativa para los intereses de nuestros
ciudadanos".
De
hecho, el grupo socialista edetano ha recordado que en el plazo de dos meses
escasos se han sucedido hasta tres problemas con otros tantos PAI como declarar
desierto la UE18 de Monteblanco por la negativa de los bancos a avalar una
garantía económica de 74.000 euros, el PAI de Sant Vicent también declarado
desierto por las deficiencias halladas por los técnicos municipales para llevar
a cabo correctamente las obras o, el último de ellos, la UE14 cuyas obras están
paralizadas desde julio de 2012 y con la mercantil encargada de las mismas en
concurso de acreedores.