La portavoz de Memoria Histórica en Les Corts, Mercedes Caballero, a la izquierdaEl grupo socialista en Les Corts ha propuesto al resto de grupos parlamentarios una enmienda conjunta a la Ley de Memoria Democrática –actualmente en fase de enmiendas parlamentarias- para incluir en la Ley de Memoria Democrática que el Banco de ADN ya previsto en el artículo 12.3 "permita también recoger muestras de las personas afectadas por robo de bebés o con indicios, tanto en el caso de las madres biológicas como de personas adoptadas, procurando la debida coordinación con otros bancos nacionales o autonómicos que permitan facilitar y acelerar la investigación e identificación".
En este sentido, la portavoz de Memoria Democrática, Mercedes Caballero, ha recordado que "hasta ahora el principal problema al que se enfrentaban las familias era la incapacidad para que la Justicia reabriera sus casos, al no disponer de los datos necesarios" y ha insistido en que "es necesario acabar con una auténtica 'pescadilla que se muerde la cola' ya que, al no existir procedimientos judiciales por falta de datos, las pruebas de ADN no son sufragadas por la administración y, en consecuencia, las familias no pueden aportar nuevas pruebas".
Por todo ello, junto a la necesidad de "poner a disposición de las familias con sospechas e indicios de bebés robados el banco de ADN", los socialistas han anunciado que también ofrecerán al resto de grupos parlamentarios "un acuerdo para que el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática elabore un censo en el que se pida colaboración a todas las instituciones públicas y privadas y que permita esclarecer los casos de adopción irregular e identificar a las madres biológicas que no hubieran dado su consentimiento para las adopciones".
"Estamos ante uno de los capítulos más tristes, dramáticos y silenciados de nuestra historia reciente, puesto que según todos los informes desde el año 1940 hasta 1990 más de 300.000 niños fueron separados de forma irregular de sus familias biológicas y dados por muertos para posteriormente venderlos a otras familias con la complicidad de médicos, matronas, responsables eclesiásticos e incluso de la administración" ha señalado la diputada socialista quien ha pedido "colaboración para que todas aquellas entidades que custodien archivos, expedientes o historiales médicos que se produjeran en la Comunitat, especialmente los vinculados a mujeres encarceladas con menores a su cargo o embarazadas durante la Dictadura, puedan unificarse y ponerse a disposición de las familias interesadas o con sospechas de prácticas irregulares".
Ante esta situación, Caballero ha instado a la Conselleria a que facilite "la justicia gratuita y pruebas de ADN gratuitas para las familias con sospechas fundamentadas, puesto que las víctimas de estas tropelías siguen demandando ayuda de los poderes públicos para conocer su historia, pero lamentablemente hasta ahora siempre se han encontrado con el silencio de la administración" y ha introducido también vía enmiendas la posibilidad de que "en el caso de que, en el proceso de esclarecimiento sea necesaria la apertura de algún enterramiento, desde el Consell se disponga anualmente de un plan de trabajo y de financiación para asumir los costes de dichos procesos". "Es preciso conocer toda la verdad sobre esta trama porque sin verdad no hay reparación", ha sentenciado Mercedes Caballero.
