Con las nuevas premisas planteadas por el ministro de Justicia, y debido a la falta de servicios asistenciales públicos, las mujeres que viven en las zonas rurales van a verse todavía más perjudicadas que las que viven en zonas urbanas.
Efectivamente, si el supuesto de malformación del feto no es suficiente para interrumpir el embarazo, el niño o niña nacido deberá tener unas asistencias sanitarias o psicológicas que actualmente no existen en las poblaciones rurales y por tanto no tendrá las garantías de un seguimiento adecuado de la malformación o deficiencia.
A ello se le suman dos aspectos claves que están sufriendo las mujeres rurales. Por un lado, la supresión de las ayudas de la dependencia que provocan que la mujer tenga que incrementar su labor de cuidado de estos niños o niñas, descuidando su trabajo en la agricultura o ganadería que es la actividad de la que viven y mantienen a sus familias.
Anna Cuquerella, responsable del Área de la Mujer de LA UNIÓ cree que "el aborto es un derecho fundamental conseguido con la lucha diaria de la mujeres, entre las que se encuentran la mayoría de las que vivimos en los pueblos, y en consecuencia no parece lógico que aquellos logros y derechos sociales que se consiguieron no hace tanto tiempo, vuelvan a estar hoy de actualidad y puedan traducirse en un serio peligro a consecuencia de lo que todos sabemos que ocurrirá: abortos clandestinos".
