Sesión plenaria en Riba-Roja del Túria. EPDAUn informe de fiscalización del Síndic de Comptes sobre las cuentas económicas del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria durante el mandato del Partido Popular es demoledor hasta el punto de cuestionar, de forma tajante, el proceder de las contrataciones públicas durante el citado periodo. El estudio del organismo fiscalizador valenciano no deja ningún tipo de dudas sobre la gestión del ex alcalde, Francisco Tarazona, y la ex edil de Educación y Sanidad y actual portavoz del PP, María José Ruiz.
El informe del Síndic de Comptes correspondiente al año 2014 certifica "las limitaciones y los incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de contratación" y añade que la documentación "es incompleta" para un análisis "adecuado de fiscalización de todos los contratos celebrados" durante el citado periodo de tiempo y enumera algunas de las lagunas que presenta el consistorio.
Entre ellas, cabe destacar el perfil del contratante del sistema informático municipal ya que "no acredita de forma fehaciente el momento del inicio de la difusión pública de la información contractual como requiere la ley de contratos del sector público", además no existe un registro histórico del perfil "para verificar la publicación de la contratación, adjudicación y formalización de los contratos así como las fechas en que se efectuó la difusión pública de dichos documentos", y añade que los documentos del procedimiento de contratación publicados "no están firmados electrónicamente".
El estudio del Síndic de Comptes denuncia la ausencia de las cuentas generales "correspondientes a los ejercicios entre los años 2000 y 2013, pendientes de aprobar por el pleno de la corporación" y de los inventarios de bienes y derechos del ayuntamiento de 2011 y de 2015. "El ayuntamiento no elabora la rectificación anual del inventario requerida por el reglamento de bienes de las entidades locales, ni se ha cumplido el precepto legal que obliga a remitir una copia del inventario y de sus rectificaciones a la administración del Estado y de la Comunidad Valenciana".
El estudio del órgano fiscalizador insiste en que en el citado inventario "requerirá una relación de todos los bienes que lo conforman, dotarles de valor razonable, precio de adquisición o coste de producción con las correcciones valorativas que procedan".
El informe del Síndic se realizó a instancias del organismo público con el ánimo de revisar y analizar los bienes municipales actualizados, los certificados y las actas de los órganos de gobierno de la corporación del ejercicio 2014, además de los reconocimientos extrajudiciales de crédito del presupuesto de ese año, los expedientes de modificación presupuestaria y la relación certificada de los gastos pendientes de contabilizar que no figurasen en los citados reconocimientos aprobados. Por último, también se aportaron todos los documentos económicos existentes sobre el plan de actuación integrada (PAI) de Porxinos, sobre las relaciones entre el ayuntamiento y la empresa promotora.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha afirmado que el informe del Síndic "relata la forma de proceder y gestionar los recursos públicos por parte del Partido Popular en un solo ejercicio, algo que siempre hemos denunciado y que ahora sale la evidencia; por ello, desde el actual equipo de gobierno estamos tomando todas las medidas para atajar este tipo de comportamiento, con el respeto escrupuloso a la legalidad vigente y a la transparencia más absoluta".
