El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, en su toma de posesión. EFE-Biel Aliño-ArchivoEl último informe del Síndic de Greuges refleja que, a partir del verano
de 2018, los centros de recepción -especialmente en Alicante y
València- se han visto "desbordados" por la llegada de menores
extranjeros no acompañados (menas), que ha tenido como consecuencia un
incremento de plazas residenciales "de forma apresurada".
"Incluso
se han producido actuaciones administrativas contrarias a la normativa
vigente" en materia de ordenación de centros residenciales, señala el
informe del Síndic de Greuges de 2018, que se ha entregado este lunes
por vía telemática a Les Corts Valencianes.
La incorporación al
sistema de estos menores extranjeros no acompañados, tanto por su número
como por las circunstancias que determinan "el carácter precipitado y
colectivo de las entradas, está tensionando el funcionamiento de los
recursos residenciales", provocando situaciones como la sobreocupación
de los centros de recepción o la distorsión de procesos de evaluación y
derivación de casos, señala.
El Síndic de Greuges también
constata la existencia de situaciones "poco aconsejables, como la
presencia exclusiva de menores extranjeros en algunos centros, lo que
viene a postergar su necesaria integración con otros menores de
nacionalidad española".
El informe del Síndic de Greuges de 2018
refleja que atendió 12.162 quejas presentadas por la ciudadanía e inició
40 de oficio, mientras que su Oficina de atención ciudadana atendió
10.963 consultas.
Según la memoria, en la Comunitat hay 4.123
niños y adolescentes en situación de guarda o tutela de la Generalitat, y
cuando llegan a la mayoría de edad muchos quedan sin red de apoyo que
les acompañe en el proceso de emancipación.
Aunque la Conselleria
ha diseñado un plan de apoyo integral dirigido a ellos, el Síndic
considera que su desarrollo "continúa siendo insuficiente".
Además,
dentro de este colectivo de tutelados por la Generalitat que alcanzan
la mayoría de edad, el Síndic señala que merece especial referencia el
conjunto compuesto por menores extranjeros no acompañados, para el que
el grado de vulnerabilidad se convierte en "extremo".
También
alerta de que se sigue incumpliendo el precepto que apremia a no acordar
el acogimiento residencial de menores de 3 años, si bien la Conselleria
tiene a 42 en acogimiento residencial, y en muchas ocasiones la
estancia en los centros supera ampliamente los tres meses previstos como
excepcionales en la legislación.
La memoria pone de relieve que
en los últimos años se ha avanzado mucho en el reconocimiento legal de
derechos ciudadanos, pero sin acompañarlos de dotación económica para
recursos materiales y humanos, lo que lleva a numerosas quejas por los
retrasos en la resolución de expedientes administrativos en demanda de
prestaciones o ayudas previstas por ley.
De hecho, las demoras en
la tramitación de expedientes administrativos de dependencia, vivienda,
servicios sanitarios o ayudas siguen siendo el principal motivo de
queja de la ciudadana.
En el ámbito de la salud el motivo más
recurrente de las quejas son los retrasos en recibir asistencia
sanitaria, tanto en pruebas diagnósticas como en atención. La memoria
también contempla los obstáculos para hacer real el derecho a la salud
de las personas extranjeras.
Durante el año 2018, las quejas
relacionadas con el respeto a los derechos lingüísticos se han
incrementado un 50 % respecto del ejercicio anterior, pasando de 55 a
83, y en materia de urbanismo han crecido un 638 % las quejas
tramitadas, hasta superar las 2.000.
Las quejas derivadas de la
aplicación de la Ley de Transparencia han aumentado un 45 %, de 253 en
2017 a 369 en 2018, en su mayoría referidas a la falta de respuesta a
solicitudes de acceso a la información pública o la patrimonialización
de la información por parte de los equipos de gobierno.
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