El exministro Jose Luis Ábalos en una imagen de archivo a la salida del Tribunal Supremo. EFE-J.J. Guillén
El Tribunal Supremo ha dado un plazo de tres días a las acusaciones para que se pronuncien sobre las peticiones de libertad hechas por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que han pedido salir de prisión para preparar con sus letrados el juicio de mascarillas.
El tribunal que juzgará este caso a partir del 7 de abril ha adoptado una providencia, fechada a 10 de marzo, en la que fija dicho plazo "improrrogable" para que a partir de la notificación el Ministerio Fiscal y la acusación popular unificada formulen sus alegaciones.
El exministro de Transportes y exdirigente del PSOE, así como quien fuese su asesor, enviaron sendos escritos al Supremo en los que pedían su puesta en libertad para preparar el juicio, con objetivo de asegurar "su pleno respeto al derecho de defensa" y alegando "inexistencia de riesgo de fuga".
Los letrados de Ábalos y de Koldo García, Marino Turiel y Leticia de la Hoz, advirtieron de indefensión por la imposibilidad de mantener desde prisión reuniones con la suficiente frecuencia y duración para preparar la defensa, en una causa que requiere estudiar y comentar una "ingente cantidad de folios" y dispositivos.
La defensa del exasesor ministerial solicitó además que se garantizase el acceso de Koldo García a medios informáticos en el centro penitenciario o reuniones técnicas a diario con su abogada, algo a lo que la Sala no se opone "sin perjuicio de la decisión que pueda adoptarse por la dirección del centro penitenciario" o por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Además, el tribunal responde a la petición de Koldo García de sentarse junto a su letrada en el juicio y de declarar en último lugar, señalando que la ubicación de los acusados será la misma que en la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de febrero, salvo en su declaración.
Entonces, el exasesor se sentó junto a Ábalos en un banco detrás de los letrados de la defensa y a su izquierda, separado por dos agentes, se situó Víctor de Aldama, también investigado como presunto comisionista de la trama.
Por otra parte, en otra providencia, la Sala ha ofrecido a las empresas públicas INECO y Tragsatec que puedan emprender acciones como perjudicadas del delito de malversación, como pidió la Fiscalía.
En el juicio que entre el 7 y el 30 de abril se seguirá contra el exministro, su asesor y el citado comisionista, la Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, que las acusaciones elevan hasta 30 años de cárcel; en cambio para Aldama solicitan 7 años, por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.
