La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana ha cuestionado la objetividad del informe de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat, que está en sintonÃa, según la patronal de los VTC, Unauto, con los emitidos por el órgano nacional y los de otros territorios.
La Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat considera que el proyecto de decreto ley de VTC elaborado por la Conselleria de Obras Públicas "restringe la competencia" y supone "un claro perjuicio" para los usuarios, y por ello recomienda eliminar algunos aspectos recogidos en él.
Los taxistas consideran, según indican en un comunicado, que las distintas comisiones de la competencia "están despilfarrando dinero público para beneficiar" a empresas multinacionales "permitiendo y fomentando el monopolio", emitiendo "informes sesgados" y "denunciando" toda regulación del sector de VTC "ignorando sentencias".
Si los gobiernos autonómicos han denegado desde hace años las solicitudes de autorizaciones de VTC por sobrepasar el ratio con el taxi, "ahora no pueden dejar a este sector con la situación de desequilibrio y sin regulación autonómica", según la Confederación.
Alude a informes de movilidad de ayuntamientos con experiencia al respecto como Nueva York o San Francisco o de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, que apuntan a un incremento del tráfico en los núcleos financieros en el primer caso y a que una falta de regulación supuso un aumento de las tarifas y una disminución de la calidad del servicio, en el segundo.
La Confederación de Taxistas Autónomos, asociación mayoritaria del sector, asegura confiar en la responsabilidad de los legisladores valencianos para que se pongan "al lado de la legalidad, la sostenibilidad y la seguridad" y regulen de forma clara el servicio de VTC.
Sobre las declaraciones de la consellera de Vivienda, MarÃa José Salvador, que dijo este jueves que el informe "ni es vinculante, ni preceptivo, ni se ha pedido", González ha señalado que la Conselleria ha preguntado a muchos colectivos su opinión sobre el proyecto pero a Competencia, que es un órgano de la Generalitat, "no le ha preguntado".
Ha añadido que, además del informe de la AbogacÃa de la Generalitat sobre el proyecto de decreto ley, que sà es vinculante, se deberÃa haber solicitado la opinión del Consell JurÃdic Consultiu, que también "es un órgano de la Generalitat para estas cosas".
