El taxi pide auxilio tras sufrir el mayor desplome de facturación en 50 años

El sector del taxi ha pedido ayuda urgente al Ejecutivo para hacer frente a una caída de la facturación que acumula ya el 67 % tras desatarse la pandemia de coronavirus, el mayor desplome en 50 años, y que deja a cerca de 100.000 familias en la ruina.

Para exponer la situación que atraviesa en estos momentos, Fedetaxi, la principal asociación del sector, se reunirá esta semana con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con la patronal de empresarios CEOE, con la asociación de autónomos ATA, así como responsables políticos y de comunidades autónomas.

Según ha señalado el presidente de Fedetaxi, Ángel Julio Mejía, el sector necesita respuestas urgentes ya que las recaudaciones diarias de los taxis se han desplomado y apenas dan para cubrir los gastos de la actividad, lo cual pone en peligro de inviabilidad el servicio público de taxi.

Por ello, reclama al Ejecutivo que suprima o reduzca "drásticamente" los gastos fijos de la actividad y favorezca la liquidez y financiación de los autónomos titulares de licencias.

Fedetaxi también ha alertado de la precaria situación que atraviesan los 35.000 conductores asalariados de taxis que se encuentran en ERTE ya que acabarán perdiendo sus puestos de trabajo si no se atienden las solicitudes de prórroga de estas situaciones o si el mercado de la movilidad no se recupera antes de 2021.

El desplome de ingresos va desde el 93 % en las zonas turísticas hasta el 48 % en ciudades medias y pueblos del interior, con una media de caída nacional del 67 %.

Unos porcentajes que son insuficientes para garantizar "una mínima" rentabilidad de la explotación y viabilidad económica del servicio publico de taxi, lamenta Fedetaxi.

Asimismo, considera que el sector del taxi, a diferencia de los autobuses municipales y otros servicios ferroviarios, no está contando con apoyo ni ayuda suficiente por parte de las administraciones públicas, "quedando abandonados a su suerte" y excluidos de las ayudas de más de 400 millones de euros arbitradas por el Ministerio de Transportes.