El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, atiende a la prensa en una imagen de archivo. EFE-La secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, ha informado este martes de que el Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de la Agencia Antifraude contra una sentencia anterior del TSJCV en la que se obliga a entregar documentación al PP sobre su investigación a las empresas de Francis Puig, hermano del president.
Según ha informado Ortiz tras la junta de portavoces, el Supremo ha determinado además que Antifraude asuma unas costas procesales de 2.000 euros por este recurso.
"No entendemos por qué el presidente de la Generalitat no responde a cuestiones que tienen ver directamente con sus hermanos, su padre, su hijo y los socios de su hermano. No entiendo la cobardía del presidente de no contestar y no salir a explicar lo que tenga que explicar cuando se le pregunta en las Cortes. Puig no hace frente a nada de lo que tiene que ver con su hermano. Si a mí me dijeran lo que dijo la testigo en una entrevista y no fuera cierto, habría demandado y no tenemos ninguna noticia al respecto", ha apuntado Ortiz.
Según ha recordado Ortiz, "en total el PP ha presentado 130 recursos por denegación de documentación que se han agrupado en 70. Todos los procedimientos han resultado hasta ahora favorables al PP. En algunos se han dictado condenas contra el Consell por negarse a entregarlas por ser un derecho constitucional. En el resto, el Consell ha reconocido el derecho después de que el TSJCV les hubiera requerido que den esa documentación y evitar así una condena", ha continuado.
Asimismo, ha insistido en que "en la Agencia Antifraude hay cinco solicitudes de documentación. Una la ya citada sobre las ayudas al valenciano a las empresas del hermano de Puig en las que Antifraude ha sido condenada en costas a pagar 2.000 euros. Tenemos que ir a los tribunales para que haya transparencia".
"Otras dos solicitudes sobre subvenciones al mundo rural que tienen que ver con las empresas de Puig también nos han denegado el acceso a esa documentación. La cuarta es sobre gestión residencias de mayores durante la pandemia y una quinta todavía en plazo sobre el funcionamiento de la policía local en un municipio de la Comunitat Valenciana. Cuatro han sido denegadas y una de ellas ganada en el Supremo", ha resumido.
