El expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana y las otras 14 personas juzgadas en el caso Erial. EFE-Biel Aliño
La acusación contra el expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana en el caso Erial, cuyo juicio ha comenzado este jueves, tiene uno de sus pilares esenciales en los conocidos como "papeles del sirio", un hallazgo casual con origen en otra macrocausa judicial protagonizada por el autodenominado "yonqui del dinero" y que han llegado a la justicia de forma cuasinovelesca.
Se trata de tres documentos donde se vislumbraba, según los investigadores, una posible connivencia en la adjudicación de determinadas concesiones públicas del Plan eólico y las ITV a favor de sociedades ligadas al grupo Sedesa, del clan familiar de los Cotino (encabezado por el fallecido ex director general de la Policía, exvicepresidente de la Generalitat y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino), por las que se abonaron, según la UCO de la Guardia Civil, unas comisiones ilícitas de 6,4 millones.
Los documentos estaban en poder del abogado del exgerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent porque se los había entregado en 2012 una persona de origen sirio llamada Imad, que dijo haberlos encontrado "abandonados" dentro de un sobre alrededor de 2007 en una vivienda en la que residió en régimen de alquiler, cuyos propietarios fueron entre 1998 y diciembre de 2006 Zaplana y su esposa.
Tras registrar el despacho del primer abogado de Benavent, el 11 de noviembre de 2015 la UCO informó al juez sobre el "hallazgo casual de unos documentos relevantes", y un día después el fiscal anticorrupción pedía la apertura de una pieza separada.
Benavent se mostró colaborador con la justicia durante varios años, antes de que empezasen a materializarse las acusaciones contra él y antes también de cambiar de abogado, tras lo cual empezó a contradecir todas sus acusaciones, incluida también la que implicaba al exministro, expresident y exlíder del PP de la Comunitat Valenciana.
En uno de los juicios del caso Imelsa, Benavent afirmó que el registro del despacho de su anterior abogado "fue ilegal" (en ese despacho se hallaron los conocidos como 'papeles del sirio') y sin que nadie le interrogase por ello, añadió que cuando se le citó a declarar y le preguntaron por Zaplana "no había dormido en toda la noche" ni estaba "en condiciones de declarar nada".
"He recibido presiones de ese tipo, una detrás de otra durante seis años, tenía que decir que sí a todo, me sentí obligado a declarar, por decirlo de alguna forma", insistió el que será uno de los testigos en el juicio contra Zaplana.
Sobre el registro en el que se hallaron los papeles, la defensa del expresident recuerda que el auto judicial que lo autorizó rezaba que debía "evitarse cualquier inspección de sistemas informáticos" y que se tenía que limitar "la incautación material a documentos y archivos directamente relacionados con los hechos que se investigaban", es decir, con las empresas Imelsa o Berceo Mantenimientos.
El abogado de Zaplana lamenta que no fue hasta cinco meses después del registro cuando la Guardia Civil informó al juzgado de "hallazgos casuales".
Sin embargo, el abogado del exministro advierte de que el nombre de Zaplana "ni aparecía en los documentos incautados, ni en los protocolos notariales (para la constitución de las sociedades a través de las cuales se canalizaron supuestamente las comisiones), ni tenía relación con ninguna con las compañías citadas", por lo que "su conexión con los documentos se construye mediante la rocambolesca historia de su supuesta aparición en el domicilio que fuera de don Eduardo Zaplana".
Esto se construye así, en opinión de la defensa de Zaplana, "aunque para ello haya que olvidarse de que las fechas de dichos documentos o la de su impresión son posteriores a la venta y desalojo de la vivienda por mi representado. ¿Qué más da? El caso era inventarse un motivo que permitiera investigar a Zaplana y todo valía para lograr ese fin".
Aunque existen otras pruebas y testimonios sobre los cuales apuntala su acusación el fiscal (como copias de correos electrónicos que conservaba o la declaración de su supuesto testaferro en Uruguay, que ha devuelto 6,8 millones de euros), el abogado del exministro ha fijado en ellos buena parte de su estrategia.
De hecho, una vez concluida ya la instrucción solicitó y le fue concedida la posibilidad de analizar estos documentos para averiguar si se conservaba o no ADN del exministro, una prueba que finalmente resultó fallida por no haberse hallado resto biológico alguno sobre el papel.
