El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Ayuntamiento de Sagunto a pagar cerca de 5 millones de euros a los propietarios del solar ubicado detrás de Ciudamar en Puerto de Sagunto. El TS ha dado la razón a los dueños de estos terrenos, que presentaron un recurso de casación contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y ha obligado al Consistorio a expropiar este salor por un valor de 3.800.000 euros, que más los interese hace una suma de cerca de 5 millones de euros.
Según ha afirmado el alcalde, Francesc Fernández, "estamos delante de una actitud deliberadamente irresponsable por parte del PP y evidentemente de IP, que participó también en esta maniobra que ha obligado al Ayuntamiento a un proceso de expropiación de unos terrenos que iban a tener un coste cero para las arcas municipales".
Y es que según ha detallado Fernández, cuando él mismo ocupaba la Concejalía de Urbanismo durante el tripartito de Gloria Calero, "se dotó al dotacional de una volumetría para compensar a los propietarios y el resto quedárselo el Ayuntamiento. Los propietarios aceptaron la propuesta y esto hubiera supuesto para el Consistorio coste cero". "Pero, continúa el actual primer edil, en 2007, cuando gobernaba el PP, presionado por IP, decidieron paralizar todo el proceso y no continuar facilitando la información a la Conselleria. En 2009, el equipo de gobierno tiró adelante con el Borde Norte y fue cuando los propietarios pidieron la expropiación, porque ellos ya tenían una solución, y se pone en marcha el proceso de expropiación", comenta Fernández.
Ante esta situación, "y por la falta de acción del PP", la Conselleria "de manera expresa caduca el expediente de la recalificación urbanística el 26 de abril de 2010", afirma el alcalde. "Desde la oposición hemos advertido al PP de los riesgos que suponía esta actitud, porque nos han puesto en un riesgo que podría haber sido inasumible por este Ayuntamiento", ha matizado el primer edil.
En este sentido, Fernández ha recordado que los propietarios reclamaban 45 millones de euros, y que el TSJCV encargó un périto judicial para la valoración de los terrenos, que estimaba que valían 23 millones de euros. "Si hubiera salido esta cantidad, el Cosistorio se hubiera declarado en ruina. El desastre podría haber sido más grave", ha subrayado Fernández.
En estos momentos, la parcela es una unidad de ejecución de 12.500 metros cuadrados, con un 15% edificable con una volumetría de 15.000 m2/techo. El Ayuntamiento adquiere con la expropiación una superficie dotacional de 10.500 metros cuadrados, que se convertirá seguramente en una zona verde, y una volumetría de 12.500 m2/techo, que pasará a ser bien patrimonial para su venta. El resto de la volumetría se lo quedan los propietarios que no han reclamado la expropiación (un 25% de los dueños).
El equipo de gobierno incluirá esta deuda, los cerca de 5 millones de euros, en los próximos presupuestos de 2016.
Por su parte, el portavoz de EU, Guillermo Sampedro, ha declarado que "no sólo se hizo una mala gestión, sino que también se actuó con mala fe, imagino que por presiones de IP, y ahora tienen que dar explicaciones, porque si en vez de los 3,8 millones hubieran sido los 23, hubiera supuesto la quiebra inmediata para este Ayuntamiento".
