Blasco junto a su mujer, también imputada. FOTO MARÍNLa Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal considera que no concurren los requisitos exigidos para permitir que el empresario, condenado a seis años de prisión por adquirir inmuebles en Valencia con el dinero concedido en 2008 por la Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cyes para dos proyectos de desarrollo en Nicaragua, evolucione del segundo al tercer grado penitenciario y disfrute, de este modo, de un régimen de semilibertad.
En su resolución, el TSJ alude al riesgo de fuga del penado, que tiene intereses en el extranjero y aún está pendiente de ser juzgado en las otras dos piezas del "caso Cooperación" que investiga Instrucción 21 por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití y por las subvenciones concedidas por la Conselleria a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011.
A la posibilidad de que intente evadir la acción de la Justicia se une, según la Sala de lo Civil y Penal, la falta de arrepentimiento y "la escasa colaboración que ha demostrado a la hora de reparar las consecuencias del delito no ya mediante un expreso reconocimiento de los hechos (…) sino mediante la reparación del daño causado al erario público como lo evidencia el que apenas se ha podido recuperar, por el momento, un escaso porcentaje del monto al que alcanzan las responsabilidades civiles".
Según explica el TSJ en su auto, "no podemos cuestionar que el recurrente sea una persona que goza de una perfecta integración social, que posee un adecuado apoyo social y familiar, que disfruta de una adecuada educación y formación, que hace que tenga unas buenas expectativas de trabajo. Pero se da la circunstancia que ya disfrutaba de estas condiciones antes de cometer el delito; y es más, en su caso podemos añadir que han sido esas condiciones las que le han permitido cometer el delito por el que cumple condena ya que sin ellas nunca habría podido acceder a la condición profesional que le sirvió de base para su actuación".
La Sala considera que la pena de prisión, además de la reinserción social y reeducación, cumple una función de "prevención social", que hace que, ante un delito como el cometido por Tauroni, con gran repercusión social, no pueda trasladarse a la sociedad la imagen de que "por tratarse de una persona de cierta categoría social, la pena, en su caso, es meramente testimonial".
El delincuente, arguye el Tribunal en su resolución, ha de asumir "las consecuencias de sus actos"; no basta con que pase un tiempo en prisión obteniendo títulos universitarios y asistiendo a cursos de formación porque si bien esto permitirá su reinserción laboral, no es menos importante la "formación moral", que hace que el individuo "rechace sus actos anteriores asumiendo su propia responsabilidad y, en definitiva, el delito". Sólo esto, asegura el TSJ, "permitiría afirmar que el condenado, ante un estímulo equivalente al que en su día tuvo, no va a actuar de una manera similar, lo que desde luego no consta".
Desde que el caso pasó del Tribunal Superior de Justicia a Instrucción 21, una vez que el exconseller dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal, la jueza ha imputado a dos personas más y ha tomado declaración a más de 60 testigos, más de 20 en el marco de la pieza separada número 2, la que investiga las subvenciones concedidas por la Conselleria a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011.
En esta pieza hay 25 investigados (imputados según la denominación anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre los que figuran el exconseller Rafael Blasco, el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; y el empresario César Augusto Tauroni.
Esta pieza está abierta por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude de subvenciones.
La pieza separada número 3, la que investiga el desvío de fondos para la construcción de un Hospital en Haití, se encuentra en la recta final de la instrucción, después de que la jueza haya tomado declaración a casi 40 testigos desde que el TSJ devolvió la causa.
La conclusión de esta pieza, con 12 imputados, entre ellos, Blasco, Llinares, Sanjuán y Tauroni, pende de un informe de la Intervención encargado por la instructora.
Blasco, parte de su equipo y otros integrantes de la trama ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a penas de entre dos y seis años de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.
